El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria puso en marcha el mecanismo judicial para que Betssy Chávez cumpla tras las rejas la pena que le impuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema: 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La orden de ubicación y captura, válida tanto dentro como fuera del Perú, fue renovada de forma periódica tal como lo exige la sentencia condenatoria, según informó RPP.
La exjefa del Gabinete Ministerial fue hallada coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, en el proceso penal que siguió al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. El Parlamento rechazó la medida horas después y destituyó a Castillo, quien fue detenido ese mismo día.
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12 millones de soles y dos años sin poder ejercer cargos públicos
La sentencia no se limita a la pena de cárcel. Chávez Chino tiene además dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o función pública, incluso aquellos de origen electoral, en aplicación del artículo 36 del Código Penal. A eso se suma una reparación civil de 12 millones de soles a favor del Estado, que deberá pagar de forma solidaria con los otros tres condenados en el mismo proceso: el expresidente Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres, según detalló Exitosa.
El juzgado supremo dejó constancia en la resolución de que el cumplimiento de estos pagos forma parte de las diligencias activas, con el objetivo de evitar que los delitos contra el orden constitucional queden sin consecuencias económicas para sus responsables.
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Alertas en la Policía Nacional y en Interpol Lima
Para hacer efectiva la captura, Checkley Soria ordenó notificar a dos instancias. La primera, la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional del Perú (PNP), con instrucciones de mantener activas las alertas en todos los sistemas de control policial del territorio nacional. La segunda, la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, encargada de formalizar la búsqueda en el plano internacional.
Exitosa precisó que estas acciones se suman a un oficio previo cursado el 19 de mayo a la Policía Judicial, en el que ya se había ordenado la inmediata ubicación y captura de la exministra. Las autoridades mantienen las alertas activas hasta concretar su detención y traslado al establecimiento penitenciario que se designe.
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Asilo en México, el argumento de la defensa
El principal obstáculo que enfrenta la justicia peruana para ejecutar la sentencia es de naturaleza diplomática. El abogado Raúl Noblecilla descartó públicamente, a través de sus redes sociales, que la captura de su defendida sea viable: Chávez Chino se encuentra bajo asilo diplomático en México, condición que, según la defensa, blinda a la exfuncionaria frente a cualquier orden de detención emitida por tribunales peruanos.
El Poder Judicial no abordó ese punto en la resolución del 14 de agosto. Las órdenes de captura ante la PNP e Interpol permanecen vigentes mientras la situación jurídica y diplomática de la exjefa de Gabinete continúa sin resolverse.
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