
El Ministerio Público solicitó siete años de prisión para el exministro del Interior Juan José Santiváñez por el presunto delito de colusión, debido a su supuesta intervención en la contratación de su amigo Anatoly Bedriñana como consultor del portafolio en 2024, según documentación difundida este miércoles por El Comercio.
El requerimiento de la fiscal anticorrupción Diana Paico también contempla, además, 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como la privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos y otras distinciones.
Los hechos investigados ocurrieron cuando Santiváñez encabezaba el Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter y estaba próximo a asumir como viceministro de Orden Interno.
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De acuerdo con la Fiscalía, el 16 de abril de 2024, Bedriñana acudió a su despacho con su currículum y ambos habrían acordado su incorporación como consultor FAG del Viceministerio de Seguridad Pública, puesto que se encontraba vacante.

Después del encuentro, el allegado de Santiváñez habría obtenido su código de cuenta interbancaria y regresado al despacho para completar la documentación vinculada con su hoja de vida. El Ministerio Público sostiene que el entonces jefe del Gabinete de Asesores entregó o remitió el currículum al entonces viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz.
Ese mismo día, Díaz habría solicitado la contratación de Bedriñana mediante un memorando dirigido a la Secretaría General. Al día siguiente fueron emitidos y visados los términos de referencia correspondientes.
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La Fiscalía considera que Santiváñez “(…) utilizó la alta investidura de su cargo y su influencia institucional para recibir, el 16 de abril del 2024, en su propio despacho, a su coacusado y amigo Anatoly Bedriñana Córdova”, según citó el diario.
A mediados de abril, el exfuncionario dejó la jefatura del Gabinete de Asesores y fue designado viceministro de Orden Interno, mientras que Bedriñana, de acuerdo con el Ministerio Público, no volvió a registrar ingresos al Mininter hasta el 30 de abril y presentó su renuncia el 7 de mayo.
Posteriormente, fue contratado como asesor FAG del Viceministerio de Orden Interno, entonces bajo responsabilidad de Santiváñez. El 8 de mayo, este habría solicitado su incorporación mediante un memorando al que adjuntó el currículum de su amigo.
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El 16 de mayo, Santiváñez asumió como titular del sector y, aunque el contrato de Bedriñana permanecía vigente, la Fiscalía sostiene que pidió una nueva contratación para que prestara servicios como consultor FAG del despacho ministerial hasta diciembre de ese año.

La acusación también pide cinco años de prisión para Bedriñana y cuatro para Díaz, además de 15 y 10 años de inhabilitación, respectivamente.
En declaraciones al diario, el exministro rechazó los cargos y calificó de “débil” la acusación fiscal. Sostuvo que el expediente contiene “una serie de errores y una serie de deficiencias” y señaló que presentará sus argumentos durante la etapa intermedia del proceso.
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“No hay ninguna prueba objetiva, es una presunción a la que llega la fiscalía”, afirmó. Aunque reconoció su amistad con Bedriñana, negó haber intervenido en su contratación.
“Finalmente, tampoco lo contrato yo, ni siquiera como asesor, él es contratado por un viceministro”, sostuvo. Añadió finalmente que su defensa buscará “desestabilizar” la acusación durante el control correspondiente ante el Poder Judicial.
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