Perú busca que Meta instale una oficina para combatir el crimen y agilizar el acceso a datos de cuentas vinculadas a organizaciones criminales

El Gobierno peruano gestiona la posibilidad de que Meta instale una oficina en territorio nacional, con el objetivo de facilitar el acceso de las autoridades a información vinculada con cuentas y comunicaciones utilizadas por organizaciones criminales. La propuesta toma como referencia el funcionamiento de una sede de la compañía en Brasil.

El pedido se relaciona con las investigaciones por extorsión y otros delitos en los que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería forman parte de las herramientas utilizadas por grupos delictivos. El acceso oportuno a registros digitales es uno de los aspectos que las autoridades consideran relevantes para reducir los tiempos de respuesta.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, señaló que el Gobierno busca acelerar las gestiones para concretar la presencia de Meta en el país. Según explicó, la solicitud recibió carácter de urgencia y también contó con gestiones ante el embajador Bernie Navarro.

La propuesta plantea modificar el escenario actual, en el cual los investigadores deben recurrir a los canales establecidos por la compañía para solicitar información. La sede regional más cercana se encuentra en Brasil, situación que, según Arriola, puede extender los plazos de atención de los requerimientos policiales.

PNP plantea reducir los tiempos para obtener información digital

Óscar Arriola explicó que las solicitudes de información pueden tardar entre 24 y 72 horas. El comandante general de la PNP sostuvo que una oficina de Meta en Perú permitiría atender determinados requerimientos con mayor rapidez, siempre dentro de los procedimientos establecidos por las autoridades.

“Y la atención demora veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas”, afirmó Arriola. El general agregó que una sede en territorio peruano permitiría contar con un mecanismo similar al existente con las empresas de telefonía móvil que prestan servicios en el país.

Los procedimientos legales permitirían solicitar información disponible sobre determinadas cuentas, así como datos de registro, direcciones IP y fechas y horas de actividad. Estos elementos pueden formar parte de una investigación más amplia sobre la identidad y las comunicaciones de personas vinculadas con delitos.

Las investigaciones también pueden cruzar información digital con registros telefónicos, movimientos financieros y datos de inteligencia. Este tipo de análisis busca establecer conexiones entre distintos usuarios, números telefónicos y plataformas digitales.

El especialista en crimen organizado Frank Casas sostuvo que el acceso a esa información requiere controles y participación del sistema de justicia. “Eso tiene que ser controlado debidamente, sustentado, con acompañamiento del sistema de justicia en general”, señaló.

Casas también destacó que las empresas tecnológicas cuentan con reglas propias sobre el uso de la información. Por ello, consideró necesario establecer mecanismos de coordinación que permitan garantizar el tratamiento adecuado de los datos solicitados por las autoridades.

El especialista pide coordinación entre varias instituciones

Frank Casas señaló que las acciones contra el crimen organizado no corresponden únicamente a la Policía Nacional. En ese contexto, mencionó la participación de entidades vinculadas con la fiscalización, el control de armas, la migración y la protección de datos personales.

Entre las instituciones citadas por el especialista figuran la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), Migraciones y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

La propuesta de instalar una oficina de Meta en Perú se vincula así con un esquema de intercambio de información que requiere procedimientos legales y coordinación entre distintas instituciones. El objetivo señalado por las autoridades es reducir los tiempos de respuesta ante solicitudes relacionadas con investigaciones criminales.