Transportistas exigen protección efectiva tras ola de ataques y piden resultados concretos al Gobierno

La Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU) expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creciente ola de criminalidad que afecta al transporte urbano de Lima y Callao. El gremio sostuvo que conductores, trabajadores, empresarios y usuarios se encuentran expuestos diariamente a amenazas, extorsiones y ataques, por lo que advirtió que la situación requiere respuestas inmediatas de las autoridades.

Según la organización, entre enero y agosto de este año se registraron 118 ataques relacionados con la extorsión contra el sector. A ello se suman recientes atentados dirigidos contra unidades de transporte, hechos que, de acuerdo con la ACTU, dejaron a empresarios y trabajadores muertos o gravemente heridos. Ante este escenario, algunas compañías se han visto obligadas a suspender sus operaciones, medida que, según el gremio, ocasiona importantes pérdidas económicas.

Frente a esta realidad, la asociación manifestó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las personas que fallecieron o resultaron afectadas por estos hechos violentos. “No queremos que se sigan perdiendo vidas”, señaló el colectivo empresarial, que consideró urgente reforzar las acciones destinadas a proteger a quienes forman parte del servicio público.

La ACTU reconoció que el Gobierno ha anunciado medidas para combatir la criminalidad y la extorsión, entre ellas el denominado Plan Escudo. Sin embargo, sostuvo que la dimensión de la amenaza exige resultados concretos y una respuesta inmediata.

Asimismo, la asociación remarcó que el transporte urbano no puede afrontar esta problemática de manera aislada. A su juicio, resulta indispensable fortalecer las labores de inteligencia, prevención e investigación criminal, además de garantizar capacidad operativa, presupuesto y una coordinación permanente entre las instituciones estatales y las empresas que desarrollan sus actividades diariamente en las calles.

Otro de los principales reclamos está relacionado con la falta de atención a sus pedidos de diálogo. El colectivo aseguró que ha solicitado reuniones con los ministros responsables de enfrentar la criminalidad y la extorsión, pero hasta el momento no habría recibido una respuesta favorable.

“Exigimos ser escuchados”, sostuvo la ACTU, al señalar que las autoridades no pueden diseñar una estrategia contra esta problemática sin considerar la experiencia de quienes trabajan directamente en el transporte.

El gremio también afirmó que está dispuesto a proporcionar información y experiencia para contribuir con las investigaciones y acciones de seguridad. No obstante, demandó medidas concretas, respuestas inmediatas y garantías para sus trabajadores, empresarios y pasajeros. “No podemos seguir esperando”, manifestó la organización, al advertir que la situación representa una amenaza permanente para el funcionamiento del servicio.

La ACTU alertó que, si el Gobierno mantiene una falta de respuestas efectivas y continúa sin atender las demandas del sector, sus integrantes podrían adoptar medidas de fuerza.

Pese a esta advertencia, el colectivo reiteró su disposición al diálogo y a la colaboración con las autoridades. La organización sostuvo que su objetivo es enfrentar de manera conjunta la criminalidad que golpea al transporte y recuperar condiciones adecuadas para brindar el servicio. “El transporte necesita protección. No queremos más vidas perdidas”, concluyó el gremio.

Vocero de la ACTU

En declaraciones a RPP, Julio Bretoneche, vocero de Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU), señaló que el gremio evaluó la posibilidad de suspender sus actividades, aunque precisó que, por el momento, esta medida no ha sido concretada. “Había la posibilidad de realizar un paro. El tema es que ahorita lo hemos dejado todavía en stand-by”, explicó.

El representante indicó que determinadas empresas de transporte, entre ellas las líneas 41 y 91, han comenzado a restablecer sus servicios de manera progresiva. Paralelamente, el sector mantiene conversaciones con el comando policial y otras autoridades para establecer mecanismos que permitan fortalecer la protección en las rutas. “Estamos coordinando ahorita con el comando policial y las distintas autoridades, los temas de seguridad, directamente”, indicó.

Respecto al Plan Escudo, estrategia que contempla el despliegue de más de 4.000 policías y militares para brindar seguridad en recorridos y patios de transporte, Bretoneche manifestó su disconformidad con el alcance de la medida. “Para ser totalmente honesto, no estamos conformes. El Plan Escudo tiene la mejor intención, pero no existe el personal para abarcar todo. El delincuente o la organización criminal está mirando: oye, este está protegido, pero el de allá está desprotegido. Ahí están atacando”.