
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, tomó distancia de la propuesta de la presidenta Keiko Fujimori de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para aplicar determinadas medidas contra el terrorismo y la delincuencia.
En una entrevista difundida este jueves por la revista Caretas, el funcionario aseguró que la iniciativa no ha sido discutida con la mandataria ni en el gabinete, y cuestionó que el país abandone el sistema interamericano en el actual escenario.
“Mi posición personal es que con una administración de justicia tan poco confiable como la nuestra no es posible pensar en salir de un sistema internacional que, mal que bien, puede ser una especie de freno a una arbitrariedad”, señaló.
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“Quizás no ahora que hay un gobierno democrático, pero en el futuro podría haber un gobierno de cualquier signo ideológico que cometa arbitrariedades evidentes”, agregó.

El titular de Justicia marcó así una diferencia con la posición expresada por Fujimori durante la campaña, cuando había planteado retirar al Perú de la Corte IDH para luego reincorporarlo con “candados” que impidan determinadas decisiones, sobre todo aquellas relacionadas con indemnizaciones a personas condenadas por terrorismo.
“Sí, el mecanismo es uno se retira por completo y luego entra con ciertos candados”, sostuvo en una de sus entrevistas televisadas.
En su cuarto intento por llegar a Palacio de Gobierno, esta vez con éxito, la lideresa de Fuerza Popular también afirmó que su objetivo era impedir que el Perú pague indemnizaciones a personas condenadas por terrorismo y recuperar herramientas como los jueces sin rostro.
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“Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos”, afirmó en otra ocasión, ante una pregunta ciudadana durante un debate televisado.
La postura del ministro contradice una de las principales banderas de Fujimori, al alegar que la permanencia en el sistema interamericano debe evaluarse no solo frente al actual Gobierno, sino también ante el riesgo de que futuras administraciones incurran en abusos.
Ocurre mientras la jefa de Estado promueve una política más estricta contra la delincuencia y ha señalado que tomará como referencia el modelo de seguridad aplicado por el líder de El Salvador, Nayib Bukele.
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“Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, dijo al responder al comentario de una internauta durante una transmisión en directo.
Durante la campaña, Fujimori también propuso retomar el control de las fronteras y las cárceles, además de construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Este recinto, símbolo de la “guerra” de Bukele contra las pandillas, lleva más de tres años en funcionamiento, según las autoridades de seguridad, y alberga a miembros considerados “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en El Salvador.
Tiene capacidad para albergar a 40.000 pandilleros, aunque hasta ahora se desconoce el número total de reos que permanecen en la prisión, presentada por el propio mandatario en una cadena nacional de radio y televisión un día después del inicio de sus operaciones.
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