Silencio administrativo y recorte de plazos: Delegación de facultades amenaza intangibilidad en reservas naturales, alerta DAR

La solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo peruano ha generado una fuerte reacción entre organizaciones ambientales y especialistas, quienes advierten que el paquete normativo impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representa una grave amenaza para la integridad de las áreas naturales protegidas.

En entrevista con Infobae Perú, Cristina López, líder de proyecto en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), denunció que la iniciativa oficialista busca debilitar los controles y abrir la puerta a actividades extractivas en ecosistemas que la ley reconoce como intangibles.

Un “cheque en blanco” para el ingreso de empresas extractivas

DAR alerta que el paquete propuesto convierte la protección ambiental en una formalidad sin efecto real. “Se busca dar un cheque en blanco para implementar toda la agenda de inversiones, sin análisis ni participación ciudadana”, advirtió Cristina López.

La disposición para excluir los nuevos decretos legislativos del análisis de impacto regulatorio elimina de hecho la posibilidad de evaluar los efectos sociales y ambientales de las reformas propuestas. Según López, la medida no solo debilita el marco de protección ambiental, sino que sienta un peligroso precedente de opacidad y desprotección para derechos fundamentales.

López denunció que el Gobierno busca modificar la normativa para permitir el ingreso de proyectos extractivos en todas las áreas naturales protegidas, incluidas zonas legalmente intangibles como parques nacionales y santuarios históricos.

“El interés es abrir los parques nacionales y reservas a actividades de hidrocarburos, especialmente gas en la zona sur, superponiéndose a espacios como el Parque Nacional del Manu o la Reserva Nacional Tambopata”, afirmó la representante de DAR. Denunció que la propuesta invierte la lógica de la conservación, obligando a que los espacios protegidos “se adapten a los intereses extractivos” y no al revés.

Silencio administrativo: una trampa legal para debilitar la fiscalización

Uno de los cambios más cuestionados es la introducción del silencio administrativo positivo en los procedimientos ambientales clave. “Si las entidades técnicas no emiten opinión a tiempo, la aprobación será automática”, explicó López.

Advirtió que, con presupuestos reducidos y plazos recortados, organismos como SERNAN o SENACE quedarán sin capacidad real de fiscalización, facilitando el avance de proyectos sin revisión técnica adecuada. “Se aprueba a la mala, sin consideraciones ambientales ni garantías de cumplimiento de regulaciones”, sentenció.

Para DAR, la propuesta oficialista va más allá del ámbito ambiental y pone en la mira derechos fundamentales. “En el sustento técnico de la delegación de facultades se identifica la consulta previa y la participación pública como barreras para la inversión, ignorando su carácter de derechos constitucionales y obligaciones internacionales del Estado”, enfatizó López.

La flexibilización normativa amenaza la supervivencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y debilita los mecanismos de protección reconocidos a nivel nacional e internacional.

Un Congreso sin contrapesos y un debate público ausente

La experta de DAR criticó la falta de contrapesos efectivos en el Congreso, lo que, a su juicio, permite que iniciativas de alto impacto ambiental avancen sin el escrutinio técnico ni el debate público necesarios.

“No existe un verdadero contrapeso parlamentario para frenar estas reformas y la opinión pública permanece silenciada frente a amenazas que comprometen el futuro de la biodiversidad y los derechos colectivos”, resaltó. DAR exige un debate transparente y técnico para evitar que la “aplanadora legislativa” imponga reformas regresivas sin control democrático.