Presión energética sobre parques nacionales: delegación de facultades plantea habilitar hidrocarburos en reservas indígenas

El debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo ha generado preocupación por la posibilidad de que se autoricen cambios que comprometan la protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

La propuesta habilitaría la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía, debilitaría los mecanismos de evaluación ambiental y limitaría la consulta previa, con el argumento de facilitar y acelerar inversiones energéticas y extractivas. Esta advertencia fue realizada por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

¿Silencio administrativo y eliminación de opiniones técnicas?

El proyecto del Ejecutivo solicita facultades para legislar durante 120 días en temas de desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y modernización del Estado.

Organizaciones ambientales e indígenas han advertido sobre el riesgo de procesos expeditos para la aprobación de proyectos extractivos, incluso en áreas de alta sensibilidad ambiental. El texto de la propuesta no delimita con claridad los alcances de las reformas, lo que permite cambios que debilitarían las normas de protección ambiental y social.

Según el análisis de Cristina López, líder de proyecto en DAR, el marco legal propuesto permitiría que los decretos legislativos excluyan la aplicación de instrumentos de análisis de impacto regulatorio y consulta pública.

Además, la aprobación automática de proyectos extractivos en ANP y territorios indígenas por vencimiento de plazos dejaría sin revisión técnica las intervenciones, incrementando el riesgo ambiental y social.

DAR alerta por impactos sobre pueblos indígenas

La delegación de facultades incrementa la presión para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas protegidas como parques nacionales y reservas PIACI.

La propuesta de Reglamento de Actividades de Hidrocarburos permitiría la perforación extendida en el subsuelo de estos territorios, sin medidas equivalentes a las actuales. Esto ampliaría el área de extracción sin actualizar contratos ni instrumentos de gestión ambiental.

El silencio administrativo positivo posibilitaría que proyectos extractivos sean aprobados automáticamente al vencer los plazos de revisión, sin evaluación técnica.

Esta figura contradice los principios de prevención y precaución reconocidos en la Ley General del Ambiente y la Constitución, y podría trasladar conflictos a la fase de ejecución, generando paralizaciones y mayores costos sociales y económicos.

Impacto económico, social y ambiental por la pérdida de estándares

La conservación de espacios protegidos tiene un impacto económico y social relevante. El Parque Nacional del Manu, por ejemplo, genera cerca de 9.000 empleos y, en 2024, las ANP del país recibieron más de 2,4 millones de turistas.

La exportación de productos amazónicos, como la castaña, alcanzó USD 18,3 millones. La reducción de estándares ambientales pone en riesgo la trazabilidad de productos y el acceso al financiamiento internacional para la conservación.

Especialistas advierten que priorizar permisos rápidos para hidrocarburos no resuelve problemas como la contaminación, la falta de remediación de pasivos ambientales ni contribuye a cerrar brechas sociales en la Amazonía.

En zonas como Megantoni, uno de los mayores productores de gas, la mayoría de la población sigue sin acceso seguro a agua y electricidad, a pesar de los ingresos generados.

DAR: ¿Es posible tener una reforma responsable?

El análisis de DAR alerta sobre posibles vicios de inconstitucionalidad en la propuesta de delegación de facultades por falta de especificidad y ausencia de balance sobre delegaciones previas. El texto no incorpora medidas integrales contra economías ilícitas, como la minería ilegal y el tráfico de insumos, que alimentan la criminalidad organizada y afectan la seguridad y el medio ambiente.

Las recomendaciones planteadas por la especialista de DAR incluyen fortalecer la trazabilidad del oro, el control del mercurio y la maquinaria, así como la interoperabilidad entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SUNAT y entidades ambientales.

Plantea mantener el carácter vinculante de las opiniones técnicas de SERNANP, ANA y SERFOR en los procedimientos de certificación ambiental, y excluir expresamente las ANP, zonas de amortiguamiento y reservas indígenas de cualquier mecanismo de aprobación expedita para hidrocarburos e infraestructura.

Finalmente, se subraya la importancia de no exceptuar de consulta pública, consulta previa ni análisis de impacto regulatorio a los decretos legislativos que afecten áreas protegidas o territorios indígenas. El desarrollo de inversiones, concluyen los especialistas, debe orientarse con estándares de protección ambiental y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, evitando daños irreversibles y priorizando la prevención y la participación efectiva.