Los retos ambientales del próximo gobierno

La próxima administración recibirá un país cuya mayor riqueza —la Amazonía— se encuentra bajo asedio. La minería ilegal, la tala y el tráfico de vida silvestre avanzan a un ritmo que devasta ecosistemas enteros y, con ellos, la vida de las comunidades que los habitan. Frenar ese avance no es una aspiración más entre tantas: es la condición para que cualquier otra política ambiental tenga sentido. Por eso conviene ordenar, con claridad, los temas que deberían encabezar la agenda del nuevo gobierno.

El primero es el combate al crimen organizado y a la minería ilegal de oro. Estas mafias no solo destruyen el bosque; amenazan directamente a las poblaciones locales y a quienes las defienden. Desarticularlas exige una presencia estatal real y una acción coordinada, con el Ministerio del Ambiente a la cabeza, para recuperar las zonas afectadas. Y exige, además, un gesto político ineludible: derogar las llamadas «leyes pro-crimen» aprobadas por el Congreso actual, normas que debilitan la seguridad y la soberanía del país.

A ese combate se suma una deuda moral. El Perú es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el ambiente. Necesitamos un mecanismo estatal que reúna a todos los poderes públicos y genere condiciones efectivas para que los defensores dejen de ser amenazados y asesinados.

Detrás de estas urgencias hay un riesgo mayor: el punto de no retorno. Científicos y expertos advierten que la Amazonía se aproxima a un umbral crítico, a partir del cual el ecosistema perdería su capacidad de recuperarse. Las consecuencias trascienden el bosque: alteran el ciclo del agua y la estabilidad climática de toda la región. Evitarlo supone frenar la deforestación y apostar por economías verdes —la agricultura regenerativa, entre otras alternativas sostenibles— que reconozcan el papel estratégico de la Amazonía frente al cambio climático.

La gestión de la minería de pequeña escala merece un capítulo propio. Es indispensable poner en marcha el sistema de interoperabilidad de la minería artesanal y de pequeña escala, pero también controlar a quienes se amparan en ese régimen excepcional siendo, en realidad, medianos o grandes mineros. Ese control debe alcanzar, desde el gobierno nacional, a las plantas de beneficio. En la misma línea, urge prohibir el uso del mercurio y promover tecnologías limpias: diversos estudios han demostrado que la contaminación por esta sustancia —una de las más tóxicas del mundo— provoca daños irreversibles en la salud de las personas. La evidencia debería bastar para que las próximas autoridades aborden el problema con seriedad.

La agenda no se agota en la Amazonía. La transición energética es otra tarea pendiente: promover energías renovables y criterios de economía circular en el sector empresarial resulta cada vez más necesario, sobre todo cuando dependemos de combustibles fósiles que se agotan y aún no alcanzamos la independencia energética. En las ciudades, el transporte y la gestión de residuos siguen sin resolverse pese a tener roles claramente definidos; el caso de Lima Metropolitana, que alberga a casi un tercio de la población del país, es el más elocuente.

Hay, además, derechos que esperan ser garantizados. La seguridad jurídica de las tierras de los pueblos indígenas es el pilar para proteger sus territorios frente a amenazas externas, y eso pasa por concluir los procesos pendientes de saneamiento físico-legal, demarcación y titulación. A la par, debemos prohibir y controlar el uso de agroquímicos peligrosos, vinculados a enfermedades respiratorias, neurológicas e incluso al cáncer.

Finalmente, el mar, una agenda postergada pese a que la sobrepesca, la flota industrial no regulada y la contaminación por plásticos y derrames generan daños graves. Necesitamos una mejor fiscalización, el respeto a las cinco millas reservadas a la pesca artesanal y la consolidación de una economía azul, pero sobre todo una protección real y efectiva mediante áreas marinas protegidas.

Estos temas no agotan la realidad del país, pero trazan una ruta. Y todos comparten un mismo norte: entender que la agenda ambiental va más allá de proteger ecosistemas y especies. Su verdadero centro es la persona humana, pieza clave de toda política pública. Ese debería ser el compromiso del próximo gobierno.