A pocas horas de recuperar su libertad, el expresidente Ollanta Humala advirtió que no aceptará ninguna forma de amnistía tácita y que llevará su caso “hasta las últimas consecuencias” para obtener un reconocimiento formal del Estado peruano por los más de 10 años de proceso penal contra él y su familia, así como por los más de 15 meses de reclusión por una condena de lavado de activos que luego anuló el Tribunal Constitucional.
En su primera entrevista tras su liberación, Humala se mostró conforme con el fallo del TC, que determinó que los hechos que se le imputaron —presuntos aportes irregulares a sus campañas de 2006 y 2011— no podían tipificarse bajo el delito de lavado de activos con la legislación vigente en ese momento. La figura penal aplicada (recepctación patrimonial) fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano recién en 2016. No obstante, el exmandatario consideró que la decisión del máximo intérprete de la Constitución tiene un “tufillo a ley de amnistía” y que no puede permitir “que esto quede así impune”.
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“Creo que debo denunciar al Estado y a todos estos pícaros y bribones que han actuado de esta manera, porque también eso implica el reconocimiento de que acá actuaron mal. Yo no puedo permitir que esto quede así impune, porque yo leo la sentencia del TC y me parece bien. Pero siento como un tufillo a ley de amnistía. O sea, (es como): ‘Hasta aquí llegamos. Ya, chao, buenas noches. Muchas gracias’. No, acá no hay ley de amnistía. Acá voy hasta las últimas consecuencias, porque el Estado me tiene que pedir disculpas. A mí y a mi familia”, aseveró en entrevista con Rosa María Palacios.

“Mi familia es una diáspora”
El expresidente Ollanta Humala reconoció que evalúa si litigar contra el Estado, aunque admitió una tensión personal ante esa posibilidad. “Toda mi vida he trabajado para el Estado, le tengo cariño, me identifico con él. No he trabajado para el privado”, señaló.
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Aun así, manifestó su indignación por los que considera atropellos contra su persona y su familia. “A mí me han metido preso más de dos años al final. Ese tiempo no me lo van a devolver. A mi esposa, a la familia de mi esposa, a mis hijos, he tenido que sacarlos del país. O sea, hoy día mi familia es una diáspora”, apuntó.

En efecto, la esposa de Humala, la exprimera dama Nadine Heredia, fue procesada junto a el exmandatario por los supuestos aportes ilegales del gobierno venezolano y empresas brasileñas a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011. Heredia fue condenada a 15 años de prisión por lavado de activos; sin embargo, no acudió a la lectura del adelanto de fallo, sino que, antes de la audiencia, ingresó a la Embajada de Brasil que luego le concedió asilo diplomático.
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Tras recibir el salvoconducto, Heredia y el menor de sus hijos con Ollanta Humala salieron del Perú rumbo a Brasil, donde permanecen.
Producto del proceso penal, la Justicia también dictó medidas contras las propiedades de la familia Humala Heredia, así como restricciones a la libertad y actividades laborales.
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