Extorsión en Perú: qué hacer si recibes amenazas por WhatsApp y dónde denunciar

En Perú, la extorsión ya escaló hasta convertirse en el delito que más alarma genera entre la población, de acuerdo con una encuesta de Ipsos difundida por el Observatorio del Crimen y la Violencia. El 76 % de los peruano identifica como el mayor problema de seguridad, superando ampliamente delitos como la corrupción de funcionarios, la violencia sexual, el secuestro y el robo agravado.

Esta percepción se ve respaldada por los datos oficiales del Ministerio Público, que entre enero y junio de 2026 registró más de 12 000 denuncias por extorsión y chantaje en todo el país.

La estadística difundida por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revela que, en promedio, se reportan 1 053 denuncias de extorsión cada mes, lo que equivale a cerca de 70 casos diarios y casi tres cada hora.

Las víctimas no solo son individuos, sino también familias, comerciantes y diversos sectores productivos. En los barrios, mercados, empresas y servicios básicos, la amenaza de extorsión afecta la vida diaria y genera una preocupación social que demanda respuestas efectivas de las autoridades.

Cinco distritos fiscales concentran más de la mitad de las denuncias a nivel nacional: Lima Este, La Libertad, Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur. Solo Lima Este reportó 1 638 denuncias en el primer semestre de 2026, seguido por La Libertad, con 1 435, Lima Centro, con 1 309, Lima Norte, con 1 163, y Lima Sur, con 1 155.

Según el estudio de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia, cerca de seis millones de personas han sido víctimas o conocen a alguien que ha sufrido extorsión en los últimos tres meses.

Modalidades como los préstamos “gota a gota”, en los que se obliga a devolver dinero bajo amenaza y con intereses elevados, crecieron del 15 % al 19 % en un año, lo que evidencia la diversificación y expansión de estas prácticas delincuenciales.

Qué hacer si recibes amenazas por WhatsApp

El crecimiento de la extorsión en plataformas digitales ha generado que aplicaciones como WhatsApp sean utilizadas para amenazar y exigir pagos bajo coacción. Ante este contexto, las autoridades han elaborado una serie de pasos recomendados para quienes reciben mensajes de extorsión:

• Guardar todas las pruebas: Resulta esencial conservar capturas de pantalla de los mensajes, el número de contacto y la fecha de los envíos. No se debe eliminar ninguna evidencia.
• Bloquear y reportar al remitente: Se recomienda usar las funciones de la propia aplicación para bloquear y señalar al contacto como sospechoso.
• Denunciar inmediatamente: La víctima debe contactar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Línea 111, que funciona como central contra la extorsión, o la Línea 1818, la Central Única de Denuncias.

Estas acciones buscan fortalecer la investigación y facilitar la persecución penal, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El organismo enfatizó que el monitoreo y la denuncia oportuna permiten identificar tendencias y orientar los esfuerzos de las entidades a cargo de la seguridad ciudadana.

Una demanda social y política

De acuerdo con la encuesta de Ipsos, la lucha contra la criminalidad constituye la principal prioridad para la población. El 54 % de los encuestados exige que el próximo gobierno, cuyas elecciones están previstas para el 12 de abril, centre sus esfuerzos en enfrentar el crimen organizado y las economías ilegales. El 45 % demanda la reforma del sistema de justicia y el 44 % el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú.

El informe del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que el crimen ya no consiste en hechos aislados, sino en fenómenos articulados que involucran tanto la criminalidad común como estructuras de crimen organizado y economías ilegales con creciente capacidad de expansión territorial e institucional.

“Lo que se necesita frente a ello no es una suma de medidas aisladas, sino una estrategia sostenida que combine inteligencia, coordinación institucional y capacidad de ejecución”, afirmó el director ejecutivo de CHS Alternativo, citado por la encuesta de Ipsos.

En este contexto, la información estadística aportada por el Ministerio Público y los estudios de organismos ciudadanos constituyen insumos fundamentales para el diseño de políticas públicas que respondan a la magnitud y complejidad de la extorsión en Perú. El desafío exige no solo medidas de prevención y persecución penal, sino también una intervención adaptada a las características de cada región y una articulación efectiva entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.