CCL respalda reformas económicas de Keiko Fujimori pese a polémica por cambios laborales y financieros

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) manifestó su respaldo al paquete de reformas económicas que el Gobierno de Keiko Fujimori busca aprobar mediante la delegación de facultades legislativas por 120 días. A través de un comunicado, el gremio empresarial sostuvo que las iniciativas conocidas hasta el momento coinciden con varias de las propuestas que ha impulsado en los últimos años para promover la formalización, la inversión privada y la competitividad.

El pronunciamiento se produce mientras el proyecto del Ejecutivo continúa generando debate por algunas de sus medidas más sensibles. Entre ellas figuran cambios en el régimen laboral, como la posibilidad de hacer progresivos beneficios como la CTS y las gratificaciones, modificaciones a los feriados nacionales y la derogación de la ley que establece topes a las tasas de interés. Aunque diversos especialistas han cuestionado estos planteamientos, la CCL considera que el conjunto de reformas representa una oportunidad para reducir trabas al crecimiento económico.

CCL asegura que las propuestas del Ejecutivo coinciden con su agenda empresarial

En un comunicado difundido este jueves, la Cámara de Comercio de Lima señaló que, aunque las iniciativas todavía deberán ser debatidas y eventualmente desarrolladas mediante decretos legislativos, existe un “alto nivel de coincidencia” entre el contenido del proyecto del Gobierno y la Agenda Empresarial para el Perú 2026-2031 elaborada por el gremio.

Según la organización, las propuestas incluyen aspectos que consideran prioritarios para mejorar el desempeño de la economía, entre ellos el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la modernización tributaria y aduanera, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la inversión privada y de las asociaciones público-privadas (APP), así como reformas orientadas a contar con un Estado más eficiente.

La CCL indicó además que varias de estas iniciativas coinciden con planteamientos que ha presentado anteriormente en materia tributaria y laboral, además del trabajo desarrollado con sus gremios para identificar más de 90 barreras burocráticas que, según sostiene, afectan la actividad empresarial.

Entre las medidas que el gremio destacó figuran la aplicación efectiva del silencio administrativo positivo, la digitalización e interoperabilidad de los procedimientos estatales, la fiscalización posterior basada en riesgos, el fortalecimiento de Indecopi, la simplificación de los regímenes tributarios, la modernización aduanera y la reducción de los plazos para ejecutar proyectos de infraestructura.

El gremio empresarial afirmó que estas iniciativas evidencian un reconocimiento de los principales obstáculos que, desde su perspectiva, limitan la competitividad del país. No obstante, también precisó que las propuestas deberán traducirse en normas técnicamente sustentadas y contar con mecanismos que aseguren una adecuada implementación.

Asimismo, remarcó que cada una de las medidas deberá evaluarse considerando sus efectos económicos, sociales, laborales y fiscales, preservando la seguridad jurídica, la predictibilidad y el orden constitucional.

El respaldo llega mientras varias de las reformas generan cuestionamientos

El apoyo expresado por la CCL se produce en momentos en que el Ejecutivo solicita al Congreso facultades para legislar en materias vinculadas con la economía, el empleo, la inversión privada, la tributación, el sistema financiero y la simplificación de trámites.

Uno de los puntos que ha concentrado mayor atención corresponde a la reforma del régimen laboral. El proyecto plantea crear un esquema progresivo para fomentar la formalización, en el que beneficios como la CTS, las gratificaciones, los aportes previsionales, las vacaciones y otros derechos laborales podrían variar de acuerdo con el nivel de ingresos del trabajador.

El Ejecutivo sostiene que la propuesta busca reemplazar los distintos regímenes laborales existentes por un sistema único con derechos y aportes que aumenten progresivamente conforme se incrementa la remuneración, tomando como referencia planteamientos desarrollados por Macroconsult. Según la exposición de motivos, el objetivo es reducir los incentivos que actualmente desincentivarían la formalización de las micro y pequeñas empresas.

Sin embargo, especialistas en materia laboral han advertido que este esquema podría traducirse en una reducción de beneficios para los trabajadores con menores ingresos, al establecer que solo quienes perciban remuneraciones más elevadas accedan a la totalidad de derechos laborales. El Gobierno, por su parte, sostiene que la propuesta no busca eliminar beneficios, sino modificar el criterio bajo el cual se determinan para incentivar el empleo formal.

El proyecto también contempla modificaciones al régimen de feriados nacionales con el argumento de incrementar la productividad, además de otorgar mayor flexibilidad en determinados aspectos de la contratación laboral y de la terminación de contratos por causas objetivas.

En materia financiera, otra de las propuestas plantea derogar la Ley 31143, que estableció límites a las tasas de interés para determinados créditos. El Ejecutivo argumenta que esa norma habría restringido el acceso al financiamiento para miles de personas y pequeñas empresas, favoreciendo el crecimiento de los préstamos informales. La iniciativa propone reemplazar ese esquema por un nuevo marco regulatorio orientado a fortalecer la transparencia y el acceso a información para los usuarios del sistema financiero.

A ello se suman reformas tributarias y administrativas dirigidas a simplificar obligaciones para empresas, facilitar el comercio exterior, digitalizar procedimientos estatales, fortalecer las facultades de Indecopi frente a las barreras burocráticas y promover mecanismos para agilizar proyectos de inversión.

En su pronunciamiento, la Cámara de Comercio de Lima reiteró finalmente su disposición a colaborar técnicamente con el Gobierno y el Congreso durante el proceso de discusión de las reformas, al considerar que las medidas orientadas a impulsar la productividad y la formalización requieren coordinación entre el sector público y privado.