Pedido de facultades legislativas se presentará ante el Congreso este domingo, confirma el ministro Marco Vinelli

El gobierno de Keiko Fujimori pedirá este domingo al Congreso facultades legislativas para ejecutar su estrategia de seguridad, con un paquete que apunta a la criminalidad organizada, al control de penales y al despliegue temporal de las Fuerzas Armadas en zonas de alta incidencia delictiva, según anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

En una entrevista con Exitosa, Vinelli sostuvo que el Ejecutivo ya tiene diseñado un plan integral y que la urgencia está en obtener autorización parlamentaria para ponerlo en marcha lo más pronto posible.

“Nosotros hemos presentado a la población un plan completo para poder atacar la alta criminalidad y queremos empezar. Ahora pedimos al Congreso, el domingo lo vamos a pedir, para que ellos nos autoricen y nos den las facultades para poder hacerlo. Ya entraremos a ese debate a partir de lunes”, dijo.

Ejecutivo buscará que las Fuerzas Armadas ingresen a penales

Una de las medidas más concretas que detalló Vinelli es el pedido para legislar sobre la participación temporal de las Fuerzas Armadas dentro de los penales. La justificación oficial parte de un diagnóstico: varias organizaciones criminales siguen operando desde el interior de las cárceles.

Al referirse a ese punto durante la entrevista, el titular Midagri describió el alcance del pedido al Parlamento. “En el pedido de facultades vamos a pedir la autorización al Congreso para enfrentar de manera directa la criminalidad y uno de los pedidos es que nos permitan y nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas, de manera temporal, puedan entrar a los penales”.

También indicó que “hay que cuidar las calles y para cuidar las calles necesitamos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que vayan a hacer los rastrillajes en las zonas de alta criminalidad para poder atrapar a los delincuentes”.

Vinelli, como integrante del Gabinete, vinculó el pedido con el plan de seguridad presentado por el Gobierno durante la campaña electoral. La solicitud formal se presentará el 2 de agosto y, según dijo, el debate comenzará desde el lunes siguiente.

Sentencias rápidas por flagrancia y construcción de cárceles

El ministro también trazó un segundo eje del pedido de facultades: la flagrancia como vía para acortar tiempos judiciales. Según explicó, el Gobierno pretende reforzar esas unidades para que las personas detenidas sean procesadas en plazos breves.

“Hemos dicho que vamos a fortalecer las unidades de flagrancia porque nos permiten obtener sentencias en un plazo muy corto. Después, aunque demorará un poco más, está también en nuestro plan la construcción de cárceles”.

Gobierno propone cambiar normas ambientales y de áreas naturales

La propuesta del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas por un plazo de 120 días incluye cambios en diversas áreas vinculadas con la economía, la administración pública y el desarrollo productivo. Entre los puntos incorporados en el proyecto de ley figura una modificación del marco normativo ambiental con el objetivo de reducir tiempos en la aprobación de proyectos de inversión.

La iniciativa plantea cambios en los procedimientos relacionados con permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales. Según el texto del proyecto, el propósito consiste en compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades económicas mediante una actualización de las normas vigentes.

La propuesta incluye la regulación de competencias entre las distintas entidades involucradas en la evaluación ambiental. Asimismo, plantea simplificar y reducir los plazos de aprobación de los instrumentos ambientales, además de uniformizar criterios y disminuir exigencias para la elaboración o modificación de dichos documentos.Otro de los aspectos considerados dentro del proyecto se refiere a las restricciones aplicables a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas.

El documento precisa que dichas limitaciones deberán sustentarse en “evidencia científica objetiva y clara”, evaluada técnicamente y respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. La propuesta forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo pretende desarrollar si el Congreso aprueba la delegación de facultades legislativas.