Keiko Fujimori abre su mandato con promesas sociales y megaproyectos: advertencias fiscales en el primer Mensaje a la Nación por 28 de julio

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inició su gestión con anuncios de gasto social y obras de infraestructura de gran envergadura, abriendo de inmediato un debate sobre la sostenibilidad fiscal de sus promesas. El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla evaluó en Latina Noticias que el paquete presentado por el Ejecutivo apunta al impacto político inmediato, pero enfrenta restricciones presupuestarias que obligarán a recortes, revisión de leyes y redefinición de prioridades antes de la presentación de la ley de presupuesto.

Entre los anuncios más destacados figura la duplicación de Pensión 65 de 350 a 700 soles, una medida que, según Castilla, demanda casi 2.000 millones de soles adicionales. “Ese dinero tiene que salir de algún lado”, advirtió el exministro, subrayando que liberar espacio para este gasto exigirá postergar otros programas o modificar las reglas fiscales vigentes.

El paquete económico inicial incluye también el alza de la remuneración mínima, una decisión que, de acuerdo con Castilla, solo alcanza a entre 3% y 4% de la población económicamente activa. Para el exministro, la medida encarece la formalidad para las pequeñas empresas y responde a razones políticas más que técnicas. Además, cuestionó que el incremento haya sido decretado desde el Ejecutivo, sin el esquema tripartito habitual entre trabajadores, empresarios y gobierno. Castilla señaló que el acompañamiento de compensaciones para las pequeñas empresas evidencia que el propio gobierno reconoce el impacto de la decisión sobre ese segmento.

El nuevo gasto desafía la caja fiscal y pone a prueba la ley de presupuesto

El desafío central es financiar al mismo tiempo subsidios mayores, nuevas inversiones públicas y megaproyectos de infraestructura. Castilla advirtió que las normas fiscales actuales no permiten ampliar el déficit, sino que obligan a reducirlo, lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo. Frente a este escenario, el exministro planteó dos alternativas: anular compromisos asumidos previamente o modificar las reglas fiscales mediante un proyecto de ley o la solicitud de facultades extraordinarias. La ley de presupuesto, explicó, debe ser compatible con los límites de déficit fiscal ya establecidos.

El nombramiento de Elmer Cuba como titular del Ministerio de Economía y Finanzas fue bien recibido por Castilla, quien lo definió como un técnico con credibilidad entre economistas y empresarios. No obstante, advirtió que financiar la totalidad de los anuncios con los recursos disponibles será una tarea muy compleja. Según Castilla, el MEF perdió protagonismo en los últimos años y su recuperación será seguida de cerca por inversores y agencias de calificación crediticia. El mercado, apuntó, estará atento a si el ministerio recupera su rol central en la administración de la escasez y si cuenta con el respaldo pleno de la presidenta y su gabinete.

Además, el exministro vinculó el desafío fiscal con la revisión de leyes aprobadas por el Congreso saliente, que elevaron remuneraciones y reactivaron beneficios pensionarios. Recordó que el propio Cuba había planteado esa revisión, aunque la presidenta no la incluyó en su discurso inaugural ante el Parlamento.

Pensión 65 y salario mínimo, entre el beneficio social y la presión fiscal

Sobre la ampliación de Pensión 65, Castilla reconoció que la medida está dirigida a adultos mayores en situación de pobreza, pero alertó sobre dos riesgos principales: el impacto fiscal y el posible desincentivo al aporte previsional de quienes sí pueden contribuir al sistema, especialmente tras la reciente reforma de pensiones. Según el exfuncionario, desde su creación el programa creció de 250 a 350 soles hasta buscar ahora su duplicación, lo que obliga a debatir no solo el monto, sino los mecanismos para evitar filtraciones de beneficiarios que no cumplen los requisitos.

Con respecto al salario mínimo, Castilla enfatizó que el universo beneficiado es pequeño y que la mayor carga recae sobre las pequeñas empresas formales. “Beneficia muy pocos”, resumió el exministro, quien interpretó el conjunto de anuncios como una estrategia para captar apoyo entre trabajadores, micro y pequeñas empresas, y sectores ajenos al núcleo tradicional del fujimorismo. A su criterio, el objetivo es construir capital político para impulsar posteriormente reformas estructurales que aún no se han detallado.

Megaproyectos de infraestructura chocan con límites de ejecución y presupuesto

El discurso presidencial incluyó el compromiso de culminar la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, desarrollar las líneas 3, 4, 5 y 6, expandir los sistemas de metro a Arequipa, Piura y Trujillo, y construir trenes de cercanías entre Lima e Ica y Lima y Barranca, además de la nueva Carretera Central. Castilla evaluó que ejecutar todos estos proyectos simultáneamente resulta inviable, incluso si existieran los recursos, debido a obstáculos como expropiaciones, interferencias técnicas y conflictos con autoridades locales.

“Imagínense todas estas líneas a la vez, es imposible”, afirmó el exministro, quien recomendó mayor realismo y una priorización estricta del gasto. No obstante, admitió que el diagnóstico es correcto: Lima no puede sostenerse con un sistema de transporte público informal e insuficiente, ya que el problema impacta directamente en la calidad de vida de la población, que pierde horas de traslado cada día entre casa, trabajo y escuela.

El arranque político: respaldo y críticas por el manejo del gasto

La apertura de la administración Fujimori generó respuestas encontradas en el Congreso. El oficialismo celebró los anuncios, mientras que sectores de oposición expresaron rechazo y cuestionaron la credibilidad de la mandataria. El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró razonable el aumento del salario mínimo, señalando que se trata de una suba de 150 soles y que no se abusó de la herramienta. En contraste, la congresista Rut Luque rechazó el mensaje y lo asoció con prácticas de impunidad atribuidas al fujimorismo.

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez, anticipó que solicitará una reunión con la presidenta para plantear cambios normativos urgentes y una demanda adicional de presupuesto para el Ministerio Público. Esta solicitud refuerza uno de los temas destacados en la entrevista de Latina Noticias: distintos sectores comenzaron a disputar espacio dentro de una torta presupuestaria que ya muestra signos de tensión apenas iniciado el gobierno.