¿Qué lugar ocupó la nutrición en el mensaje a la Nación?

Cada mensaje a la Nación permite conocer no solo las prioridades declaradas de un gobierno, sino también la forma en que entiende los principales problemas del país y las respuestas que está dispuesto a construir. Desde hace varios años sigo estos discursos con especial atención, buscando identificar qué lugar ocupan la nutrición, la seguridad alimentaria y los programas sociales que sostienen diariamente la alimentación de millones de peruanos en situación de vulnerabilidad.

Mi primera impresión sobre el reciente mensaje presidencial es que la nutrición sí ha sido incorporada dentro de las prioridades sociales del nuevo gobierno. Esto no es un asunto menor. La presidenta reconoció la magnitud de la inseguridad alimentaria, planteó metas para reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil y abordó medidas vinculadas con la protección social, la agricultura y la respuesta frente a emergencias climáticas.

Hay, por tanto, un punto de partida que merece ser resaltado. Sin embargo, también existen vacíos que deberán ser atendidos para que estos anuncios no permanezcan únicamente en el plano del discurso político.

Uno de los elementos más relevantes fue el reconocimiento de que tres de cada diez peruanos no tienen la certeza de contar diariamente con los alimentos que necesitan. Esta cifra corresponde al 30,5 % de la población peruana que, según el INEI, se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Que este dato haya sido mencionado directamente en el mensaje presidencial contribuye a colocar en la agenda pública un problema que, durante mucho tiempo, fue tratado únicamente como una consecuencia secundaria de la pobreza.

La inseguridad alimentaria no significa solamente pasar hambre. También implica reducir la cantidad o la calidad de los alimentos, saltarse comidas, consumir dietas poco diversas o no poder acceder de manera regular a una alimentación saludable. Por ello, reconocer el problema es importante, pero el siguiente paso debe ser establecer una meta nacional para reducirlo y explicar cómo se articularán las políticas de ingresos, abastecimiento, precios, mercados, protección social y producción de alimentos.

En ese sentido, el mensaje presidencial debió precisar una fecha para la aprobación y puesta en marcha de la nueva Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tengo entendido que este instrumento se encuentra próximo a ser publicado; sin embargo, considero que su versión final debería ser sometida a un proceso amplio y transparente de consulta ciudadana. La participación de organizaciones sociales, agricultores, ollas comunes, comedores populares, academia y otros actores del sistema alimentario permitiría fortalecer su legitimidad, pertinencia y viabilidad.

Además resaltar que este proceso debería contribuir a consolidar los espacios de gobernanza alimentaria que deberán acompañar su implementación, seguimiento y evaluación, ya que una política nacional no debe limitarse a ordenar la actuación del Estado, sino también establecer mecanismos permanentes de participación, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.

Por otro lado, el anuncio más concreto en materia nutricional fue el compromiso de reducir aproximadamente a la mitad la anemia infantil, cuya prevalencia fue situada en 35 %. Es una meta ambiciosa, pero esta debe plantear objetivos cuantificables desde el inicio.

No obstante, también es necesario evitar una comprensión simplificada de la anemia. No se trata únicamente de que un niño coma más, ya que la anemia es un problema multicausal relacionado con la calidad y diversidad de la alimentación, el consumo de hierro de alta biodisponibilidad, la nutrición materna, la suplementación, el acceso a agua segura, la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria, la calidad de los servicios de salud y las condiciones socioeconómicas de cada territorio.

Reducir a la mitad la desnutrición crónica infantil y la anemia requerirá una estrategia que no dependa exclusivamente del sector Salud. Será indispensable articular las intervenciones de los sectores Educación, Agricultura, Vivienda y Desarrollo e Inclusión Social, así como de los gobiernos regionales y locales. También se necesitarán metas anuales y territoriales, presupuesto suficiente, responsables claramente identificados y mecanismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas.

El mensaje también propuso la creación de una política integral para la primera infancia, lo que puede constituir una oportunidad para superar la fragmentación de los programas y servicios dirigidos a esta población. Sin embargo, la integralidad no debe limitarse a una reorganización administrativa, sino traducirse en intervenciones oportunas, continuas y culturalmente pertinentes para las familias, especialmente en las zonas rurales y amazónicas, las comunidades indígenas y los territorios con mayores niveles de pobreza.

Otro anuncio relevante fue el relanzamiento del PRONAA, presentado en el mensaje presidencial como una medida orientada a garantizar una alimentación escolar nutritiva, segura y de calidad. Coincido con la afirmación de que ningún niño puede aprender adecuadamente con hambre, porque la alimentación escolar no constituye únicamente una prestación complementaria. Es una condición fundamental para el aprendizaje, el desarrollo integral, la asistencia regular y la permanencia de los estudiantes en la escuela.

Sin embargo, relanzar una institución o modificar la denominación de un programa no garantiza por sí mismo una mejora en la calidad del servicio. Será necesario precisar cuál será el nuevo modelo de gestión, qué ocurrirá con el programa de alimentación escolar actualmente vigente y cómo se asegurará la continuidad de la atención durante el proceso de transición. También deberá explicarse cómo se garantizarán la inocuidad y la calidad nutricional de las raciones, quién establecerá y supervisará los estándares, cómo se atenderán las brechas de cocinas, almacenes, agua segura y saneamiento, y qué mecanismos permitirán incorporar alimentos frescos, diversos y culturalmente pertinentes, de acuerdo con las características de cada territorio.

Este anuncio abre, además, una oportunidad que no debería desaprovecharse. Me refiero a impulsar una Ley de Alimentación Escolar que otorgue un marco jurídico estable a esta política pública. El Perú necesita una norma que reconozca la alimentación escolar como un componente esencial del derecho a la educación y del derecho a una alimentación adecuada. Esta ley debería establecer con claridad los objetivos del servicio, las responsabilidades de cada institución, los estándares nutricionales y sanitarios, los mecanismos de financiamiento, los sistemas de vigilancia y las formas de participación de las familias y la comunidad educativa.

También debería promover una articulación efectiva con la agricultura familiar y la producción local, facilitando la incorporación progresiva de alimentos frescos y propios de cada territorio. De esta manera, la alimentación escolar podría contribuir al mismo tiempo a mejorar la nutrición de los estudiantes, dinamizar las economías locales y fortalecer sistemas alimentarios más sostenibles.

Más que recuperar el nombre de una institución, el verdadero reto consiste en construir un sistema de alimentación escolar que tenga continuidad, calidad, transparencia y capacidad para responder a la diversidad del país. Una ley permitiría que esta política no dependa únicamente de decisiones administrativas ni de los cambios de gobierno, sino que cuente con un respaldo jurídico que garantice su sostenibilidad y coloque el bienestar de los estudiantes en el centro de la intervención.

En relación con los agricultores, el mensaje presidencial reconoció los efectos que el fenómeno El Niño tiene sobre los cultivos y los ingresos de miles de productores. Asimismo, anunció asistencia técnica y financiera para quienes resulten afectados, además de inversiones en riego, presas, canales, carreteras y conectividad. Estas medidas son importantes para proteger la producción y el abastecimiento de alimentos frente a las emergencias climáticas.

Sin embargo, la política agraria no puede limitarse a responder cuando ocurre un desastre. El país necesita una estrategia permanente para fortalecer la agricultura familiar, que incluya asistencia técnica continua, acceso a mercados, precios justos, seguro agrario, adaptación al cambio climático, apoyo a las mujeres productoras y mecanismos efectivos de compras públicas. Articular la producción local con la alimentación escolar, los comedores populares y otros programas alimentarios permitiría mejorar la calidad y diversidad de las raciones, al mismo tiempo que se fortalecen los ingresos de los productores y las economías territoriales.

También debe prestarse atención a los temas que tuvieron una presencia insuficiente, por ejemplo lideresas de las ollas comunes fueron mencionadas al final del discurso como parte del motor del país, pero este reconocimiento simbólico no estuvo acompañado de medidas sobre presupuesto, abastecimiento, infraestructura, calidad nutricional o participación en las decisiones.

Finalmente, existe un vacío transversal que deberá ser atendido en los próximos meses, el mensaje plantea metas medibles y rendición de cuentas, pero todavía no informa sobre presupuesto, fuentes de financiamiento, ministerios responsables, metas anuales, cronogramas ni mecanismos públicos de seguimiento en materia alimentaria y nutricional.

El mensaje ofrece un punto de partida importante, pero el desafío recién comienza. Corresponde convertir las metas anunciadas en resultados sostenibles que mejoren efectivamente la vida de las familias peruanas.