“Uno de nuestros mejores hombres”: Jefe PNP elogia a policía cuyo disparo mató a menor y culpa a familia por “exponerlo al peligro”

El general Manuel Farías sostuvo que el suboficial incumplió los protocolos al usar su arma, pero afirmó que la madre también tuvo responsabilidad por exponer al menor durante la intervención

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El general Manuel Farías sostuvo que el suboficial incumplió los protocolos al usar su arma, pero afirmó que la madre también tuvo responsabilidad por exponer al menor durante la intervención

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Lima Norte, afirmó este domingo que existe una “responsabilidad compartida” entre el suboficial Luis Nazario, imputado por la muerte de un niño de 8 años durante una intervención policial en Huacho, y la familia de la víctima.

En declaraciones difundidas por radio Exitosa, el alto mando calificó al agente como “uno de los mejores hombres” de la institución. Sin embargo, reconoció que no debió utilizar su arma de reglamento, motivo por el cual afronta un proceso por presunto homicidio culposo.

“Este menor de edad no tuvo la culpa de estar en ese lugar. (...) Y la pregunta que nos hacemos como Ministerio de Policía es (...) ¿qué hacía un menor de edad a esa hora? ¿Hay una responsabilidad compartida? Por supuesto que hay responsabilidad compartida, porque hay una exposición de un menor a peligro”, declaró.

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Farías también indicó que la Policía investiga el entorno familiar de la víctima. “Nosotros estamos avanzando las investigaciones para ver si la mamá también está en estado de ebriedad porque salía de una fiesta. Es una familia disfuncional, es una familia que estaba separada, su papá en Lima y su mamá acá y lo tenían al chiquito acá”, afirmó.

La Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Luis Nazario, investigado por el presunto homicidio culposo de un niño de ocho años que recibió un disparo en la cabeza durante una intervención en Huacho.

A continuación, admitió que el suboficial incumplió los protocolos para el uso del arma de fuego. “Es cierto, ha habido una negligencia por parte de nuestro efectivo policial, uno de nuestros mejores hombres que hemos perdido, porque no debió utilizar el arma”, sostuvo.

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Añadió que el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza policial, establece que el arma de fuego solo puede emplearse cuando está en riesgo la vida del efectivo o de terceros. No obstante, explicó que el disparo se produjo cuando el agente desenfundó el arma durante la intervención.

“Al momento de sacar el arma, porque se enfrentaba a cinco personas y dos más que vinieron en ese momento, él es el que saca el arma y al parecer lo tenía cargado y sale el disparo y le cae justo al menor de edad”, manifestó.

El general señaló además que las pericias de Criminalística no hallaron evidencias que respalden la hipótesis de un rebote del proyectil. “No se ha encontrado un impacto en la pared para que haya sido un rebote, ni mucho menos se ha podido recuperar la bala, porque ha sido entrada y salida”, precisó, al remarcar que la institución no protegerá a ningún responsable.

El niño, de 8 años, falleció en el Hospital del Niño de Lima, donde permanecía internado en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial a un mototaxi.

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Jefe policial elogia al agente procesado, al calificarlo como “uno de los mejores hombres” de la institución, aunque admite que actuó con negligencia al utilizar su arma de reglamento

De acuerdo con la información oficial, la víctima viajaba junto a su madre como pasajera del mototaxi cuando el vehículo sufrió un accidente. El hecho motivó la intervención de la Policía y, posteriormente, se produjo un altercado con el conductor y otras personas.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Nazario, en el marco de un proceso que coincide con la entrada en vigor de una polémica ley que excluye de la justicia común a policías y militares que cometan delitos durante el ejercicio de sus funciones.

La norma ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran que puede convertirse en un mecanismo de impunidad para agentes estatales involucrados en muertes.

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