Madre de niño menor muerto por disparo de policía en Huacho denuncia amenazas de muerte: “Quieren callarme”

La madre del menor que murió por un disparo policial en la ciudad de Huacho, en el norte de Lima, denunció este martes que ha recibido amenazas de muerte en las últimas horas, mientras reclama justicia por la muerte de su hijo. 

“Cuídate, y cuidado lo que estás hablando”, dijo una voz femenina al comunicarse con ella en dos ocasiones, según relató la propia afectada durante una entrevista en un podcast transmitido a través de las plataformas de La República.

Explicó que las amenazas comenzaron después de que participó en entrevistas con un canal de televisión en los exteriores de la morgue de Lima. “Justo en el corte comercial recibí una llamada. Tenía muchas llamadas, no contestaba ninguna. (...) Contesto y dicen (...) cuidado lo que estás hablando’”, narró.

La denunciante señaló que al principio no prestó demasiada atención a la advertencia, pero la insistencia de las llamadas la llevó a compartir su preocupación. “Hoy día (...) de nuevo me llamaron y me volvieron a decir lo mismo, el mismo número. Una mujer me dice que cuidado, cuídate lo que hablas”, sostuvo.

Seguidamente, cuestionó el intento de intimidación ocurrido tras la muerte de su hijo, de 8 años, cuyo deceso se atribuye al efectivo Luis Nazario Chumbes, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en grado de tentativa.

“¿Tengo que callarme para que no se haga justicia? No, me quitaron lo más valioso de mi vida y yo no puedo quedarme callada”, afirmó.

El menor falleció este domingo en el Hospital del Niño, donde permanecía internado en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial a un mototaxi. La víctima viajaba junto a su madre como pasajero de la unidad, que previamente sufrió un accidente en una calle de esa ciudad, lo que motivó la intervención de la Policía y derivó en un altercado con el conductor y otras personas.

El Ministerio Público informó que el fiscal adjunto provincial Fernando Ayala dispuso la incautación del arma y que se efectúe la pericia balística y una prueba de absorción atómica, además de tomar las declaraciones de los agentes que participaron en la intervención.

El fiscal también ordenó que se recaben las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona y un video realizado por testigos del suceso, entre otras diligencias urgentes.

La investigación coincide con la entrada en vigor de una polémica ley que excluye de la justicia común a policías y militares que cometan delitos durante el ejercicio de su función

Esta legislación es rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos al considerarla como un mecanismo de impunidad para agentes estatales responsables de muertes.