
El Congreso de la República promulgó la Ley Nº 32737 que autoriza la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas para tutores y personal administrativo de la educación pública bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276.
Con esta norma, quienes ocupan estos cargos en instituciones educativas estatales accederán a una relación laboral de plazo indeterminado, dejando atrás la modalidad de contratos temporales que regía hasta la fecha.
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¿A quiénes beneficia la nueva ley?
La Ley Nº 32737 está dirigida al personal de instituciones educativas de educación básica, institutos y escuelas de educación superior, centros de educación técnico-productiva y unidades de gestión educativa local del sector Educación.
Según lo aprobado por el Congreso, la medida impacta tanto a tutores encargados de la promoción de la tutoría y orientación educativa como a trabajadores administrativos bajo el régimen 276.
De acuerdo con el texto oficial, la conversión de plazas aplicará únicamente a aquellos puestos que hayan sido financiados durante los dos años presupuestales anteriores, estén presupuestados hasta el 31 de diciembre de 2026 y aparezcan registrados en los sistemas informáticos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Educación.
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Cambios en la estabilidad laboral del sector educativo
La nueva legislación establece que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales podrán ejecutar la conversión de plazas durante el año fiscal 2026. El proceso contempla la asignación de un código permanente para los cargos convertidos, formalizando así la estabilidad laboral de los beneficiarios. Este paso busca garantizar la continuidad de funciones y la profesionalización del recurso humano en el sector.
Para el caso de las unidades de gestión educativa local, la conversión también exige que los puestos estén registrados en el Presupuesto Analítico de Personal vigente y en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional.
El Ministerio de Educación deberá remitir el listado final de plazas convertidas a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo detalla el texto legal.
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Implementación progresiva y financiamiento
La aplicación de la ley será progresiva y dependerá de la disponibilidad presupuestaria asignada a cada pliego en el año fiscal correspondiente. La norma no demandará recursos adicionales al tesoro público, ya que la ejecución se realizará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales.
El Ministerio de Educación podrá dictar orientaciones y mecanismos para la operatividad de la ley, según lo dispuesto en la disposición complementaria final. La promulgación fue firmada por Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, presidente encargado del Congreso, y Waldemar José Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, tras la ausencia de promulgación por parte de la Presidencia de la República dentro del plazo constitucional.
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Alcance para los tutores de colegios públicos
En el sistema público peruano existen cerca de 350,000 docentes de educación básica, lo que representa el 67% del total nacional. En los colegios estatales, cada profesor de aula cumple también la función de tutor, encargándose del acompañamiento socioafectivo y cognitivo de sus alumnos, y recibe horas asignadas dentro de su jornada para sesiones grupales e individuales de tutoría.
Según el Ministerio de Educación y el INEI, el 71% de estos docentes pertenece a la Carrera Pública Magisterial con nombramiento, mientras que el resto trabaja bajo contrato. La tutoría no constituye un cargo exclusivo, sino una responsabilidad adicional asumida por los maestros de cada sección.
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