Salvoconducto para Betssy Chávez: ¿sería el as bajo la manga de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas con México?

El debate sobre la situación de Betssy Chávez, ex primera ministra peruana, concentra la atención en la naturaleza política del salvoconducto solicitado para abandonar la embajada de México en Lima. Según indicó Javier González Olachea, excanciller peruano, la decisión final corresponde exclusivamente al Estado peruano y no responde a una exigencia de la defensa de la exfuncionaria. La complejidad del caso se amplifica por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, así como por la posibilidad de un acercamiento futuro entre ambos países.

Durante una entrevista a Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, González Olachea explicó que la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 no establece plazos específicos para resolver solicitudes de salvoconducto como la de Chávez. En consecuencia, la petición podría reaparecer de forma reiterada hasta que el Gobierno peruano defina su postura. El excanciller recalcó que nadie puede imponerle al presidente de la República la entrega del permiso, ya que esta facultad recae exclusivamente en el Ejecutivo, respaldado por un informe de la Cancillería.

La Convención de Caracas y la calificación del asilo

La interpretación de González Olachea sobre la Convención de Caracas distingue dos escenarios: el artículo primero otorga al país asilante la facultad de calificar la condición de asilado, mientras que el artículo segundo prevé excepciones para personas sometidas a procesos judiciales por delitos tipificados. En este caso, el exministro considera que la solicitud de asilo no corresponde, dado que Chávez enfrenta cargos legales previstos en la legislación nacional.

A pesar de ese análisis, el exministro reconoció que la convención deja abierta la opción de una decisión diferente, lo que convierte al salvoconducto en una prerrogativa política del Gobierno. En ese sentido, la entrega o negación del permiso depende de la evaluación del Ejecutivo, tomando en cuenta tanto la normativa internacional como las circunstancias específicas del caso.

Argumentos de la defensa y nuevas evidencias

La defensa de Betssy Chávez presentó el 9 de julio un escrito acompañado de certificados médicos que, según el abogado Raúl Noblecilla, demostrarían un deterioro en la salud de la exfuncionaria. González Olachea sostuvo que, aun si se consideran esos documentos, solo podrían acelerar la revisión del pedido, pero no obligan al Gobierno a decidir a favor de la solicitud. Además, advirtió sobre la necesidad de presentar pruebas “fehacientes” y recordó que en otras ocasiones se han detectado certificados médicos falsificados, aunque aclaró que no afirmaba que ese fuera el caso actual.

En el mismo contexto, se mencionó una fotografía donde supuestamente se observaría a Chávez en un parque limeño, lo que generó dudas sobre la veracidad de su estado de salud y la naturaleza de su asilo. Para González Olachea, el asunto central no radica en la condición política de la solicitante, sino en la indefinición del proceso y la ausencia de una salida clara para el caso.

México y la presión diplomática

Consultado sobre la posibilidad de que México ejerza presión para obtener el salvoconducto, González Olachea rechazó esa idea y afirmó que “al Perú nadie lo presiona”. Puntualizó que la convención únicamente contempla la noción de inminencia cuando existe una comunicación formal del Estado que concede el asilo. En la coyuntura actual, las gestiones diplomáticas se complican por la ruptura de relaciones entre ambos países.

El exministro vinculó este episodio con el deterioro de la relación bilateral, recordando que Perú rompió relaciones con México tras las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su respaldo a Pedro Castillo. La posición pública de México frente al desenlace político en Perú generó tensiones que aún persisten.

Oportunidad para el restablecimiento de las relaciones bilaterales

Pese al escenario de distanciamiento, González Olachea señaló que existe una oportunidad para recomponer el vínculo bilateral. Destacó que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestó recientemente su disposición a restablecer las relaciones diplomáticas con Perú. Según el excanciller, el interés superior del país debería impulsar la revitalización de la Alianza del Pacífico, bloque regional que incluye a Chile, Colombia, Perú y México y que se ha visto debilitado por la crisis política y diplomática.

El excanciller expresó sorpresa por la actitud de López Obrador, recordando que la diplomacia mexicana tradicionalmente se apoyó en la doctrina Estrada de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Consideró contradictorio que el exmandatario mexicano haya intervenido de manera frecuente en conferencias de prensa y haya utilizado calificativos en referencia a la presidenta peruana Dina Boluarte.

Gracia presidencial y repercusiones políticas

En la parte final de la entrevista, González Olachea abordó el debate sobre una posible gracia presidencial para Pedro Castillo. Describió como una “negación” de la realidad las posturas de los dirigentes del entorno de Castillo y aseguró que existió un intento de golpe de Estado. Recordó que el exmandatario leyó un mensaje a la Nación con la banda presidencial y que, según la fiscalía, Betssy Chávez tenía en la computadora de su hijo el borrador de ese discurso.

Además, el excanciller mencionó la presencia de Roberto Sánchez en el episodio y criticó que se invoque la opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para reclamar la libertad de Castillo. Aclaró que ese pronunciamiento no constituye una sentencia, sino solo la opinión de un grupo de expertos que no integra una corte internacional.

Proceso legal y posibles escenarios

De acuerdo con González Olachea, una eventual liberación de Pedro Castillo se tramitaría como una gracia presidencial y no como un indulto. Explicó que la Constitución peruana exige refrendo ministerial para validar los actos del presidente, lo que implica la firma del ministro de Justicia tras la evaluación de la Comisión de Gracias Presidenciales. Advirtió que una excarcelación podría reactivar la conflictividad política y social en el país.

El excanciller también cuestionó la convocatoria a manifestaciones atribuidas a Sánchez el mismo día en que se entregaban las credenciales presidenciales a la presidenta electa Keiko Fujimori. Según su análisis, estos hechos reflejan el clima de tensión que persiste en el escenario político peruano y las dificultades para alcanzar una resolución definitiva en los casos que involucran a figuras del reciente ciclo de inestabilidad institucional.