La Gerencia Legal de Petroperú emitió una aclaración dirigida a la Gerencia General el 20 de julio de 2026 en San Isidro, donde establece que el control de ProInversión solo aplica a fondos extraordinarios derivados de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y 003-2026.
El pronunciamiento responde a inquietudes internas surgidas por la implementación de un nuevo protocolo financiero y busca delimitar el alcance de la intervención estatal en la gestión de la petrolera.
Petroperú defiende sus fueros ante ProInversión
En el memorando GLAR-1156-2026, firmado por Iván Montoya Torres, la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios aclara que el protocolo debe interpretarse como un instrumento exclusivo para la canalización de recursos extraordinarios gestionados por ProInversión.
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Así, la participación estatal se limita únicamente a los fondos vinculados a los decretos de urgencia, mientras que Petroperú mantiene control total sobre su gestión diaria si utiliza recursos propios.
El documento enfatiza que el protocolo no obliga a informar ni a solicitar autorización a ProInversión para las actividades cotidianas, a menos que involucren fondos extraordinarios.
Esta precisión responde a consultas internas de diversas áreas sobre si cada contratación, incluso con recursos propios, debía validarse ante la agencia estatal.
¿La reestructuración de Petroperú se dilata sin rescate?
La Gerencia Legal recuerda que este tipo de dudas ya había originado la emisión de los memorandos GLAR-1124-2026 y GLAR-1136-2026, donde se dejó en claro que el protocolo no desplaza las competencias ordinarias de Petroperú. Además, recomienda que, ante cualquier duda, cada gerencia consulte formalmente a Legal para evitar interpretaciones erróneas.
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Por último, la comunicación subraya que solo las operaciones que afecten la reorganización patrimonial o involucren recursos protegidos por la normativa de emergencia requieren intervención de ProInversión. El resto de la operatoria de la petrolera continúa bajo su propio marco legal y administrativo.
Petroperú no habría firmado acuerdos clave, según ProInversión
Tal como informó previamente Infobae Perú, el desembolso previsto por el Gobierno para el rescate de hasta 2.000 millones de dólares a Petroperú habría quedado paralizado debido a la falta de acuerdos societarios formales por parte del Directorio de la estatal.
De acuerdo a un oficio enviado por ProInversión el mismo 20 de julio, la ausencia de documentos impide definir el cronograma de desembolsos, lo que pone en riesgo la operatividad de la petrolera y afecta su cadena de pago.
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La agencia estatal sostiene que ha remitido al menos diez comunicaciones al Directorio sin obtener respuesta y, ante la falta de avances, convocó a una reunión urgente para el 22 de julio.
El esquema de rescate diseñado contempla un financiamiento puente de hasta 500 millones de dólares para liquidez inmediata y un aporte adicional de hasta 2.000 millones, canalizado a través de líneas de crédito avaladas por el Estado y administradas bajo la supervisión de ProInversión.
A diferencia de mecanismos anteriores, los fondos se gestionan mediante fideicomisos respaldados por la banca internacional, lo que desplaza el control directo de la administración de Petroperú y exige la aprobación de acuerdos societarios para la creación de un vehículo de propósito especial.
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El contexto de reestructuración mantiene a la petrolera con una deuda de corto plazo que ronda entre 600 y 800 millones de dólares, mientras la deuda global se acerca a los 5.000 millones.
Moody’s: restricciones de liquidez superan dinámica de precios en Petroperú
De otro lado, la calificadora Moody’s advirtió que Petroperú enfrenta una situación financiera delicada: la compañía cerró el primer trimestre de 2026 con solo 34 millones de dólares en efectivo disponible y un apalancamiento extremo, con una relación deuda/EBITDA cercana a 24 veces.
Aunque la petrolera registró un EBITDA de aproximadamente 273 millones de dólares en ese periodo, Moody’s señala que la cobertura de intereses sigue en niveles críticos, de apenas 0,8 veces, y que la presión sobre el capital circulante se mantiene elevada por los altos costos de importación de crudo y combustibles.
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La consultora advierte que la viabilidad de Petroperú permanece condicionada a la ejecución efectiva del apoyo estatal, pero observa que existen incertidumbres sobre el destino, la estructura y el momento de entrega de los fondos de rescate.
Moody’s concluye que la empresa continúa bajo “estrés agudo de liquidez, elevadas necesidades de capital circulante y una fuerte dependencia de la intervención oportuna del Gobierno”, factores que inciden directamente en la calidad crediticia y la percepción de riesgo ante inversores y acreedores.
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