Petroperú no habría firmado acuerdos clave: ProInversión convoca reunión de urgencia por rescate de USD 2.000 millones

El desembolso de recursos estatales para Petroperú, previsto en el Decreto de Urgencia N° 003-2026, está paralizado por falta de acuerdos societarios formales del Directorio de la empresa, según una carta remitida por ProInversión.

Dicho decreto autorizaba un rescate financiero y operativo de hasta USD 2.000 millones, con el objetivo de evitar una crisis energética y asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país, especialmente en la Amazonía.

Petroperú y un millonario rescate que no llega

En una reunión celebrada el 14 de julio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, afirmó que los acuerdos estaban aprobados.

Dicha versión también fue compartida en los últimos días por Lizarzaburu en medios nacionales. Sin embargo, ProInversión sostiene que no ha recibido la documentación firmada.

El oficio N° 90-2026/PROINVERSIÓN/DPP/HI.04, enviado el 20 de julio, advierte que la falta de acuerdos impide definir un cronograma de desembolsos y pone en riesgo la operatividad de Petroperú, afectando la cadena de pagos.

La agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura haber remitido, al menos, diez comunicaciones formales al Directorio de Petroperú solicitando la aprobación de los acuerdos necesarios para canalizar los fondos.

Ante la falta de respuesta, la entidad convocó a una reunión urgente para el miércoles 22 de julio. No debería haber ningún problema con el lugar, pues ProInversión opera en el piso 9 del edificio central de Petroperú, en San Isidro.

¿ProInversión insiste, Petroperú dilata?

El rescate se estructura en dos componentes: un financiamiento puente de hasta USD 500 millones para liquidez inmediata, y un aporte de hasta USD 2.000 millones a través de líneas de crédito con aval público.

A diferencia de años anteriores, estos fondos se canalizan a través de fideicomisos respaldados por la banca internacional, bajo la supervisión de ProInversión, y no afectan directamente el tesoro público ni los impuestos.

Para activar el mecanismo de financiamiento, el Directorio de Petroperú debe aprobar acuerdos societarios que permitan la creación de un vehículo de propósito especial (VPE), regentado y supervisado por ProInversión.

Fuentes cercanas a la petrolera atribuyen la resistencia a que, a diferencia de rescates anteriores, “el control de fondos recaerá en ProInversión y no en la administración de Petroperú”.

Pero el contexto de reestructuración también ha derivado en reclamos laborales, con exfuncionarios que han presentado demandas por despido arbitrario.

El futuro de Petroperú, rehén de disputas internas

En una entrevista previa con Infobae Perú, Lizarzaburu dijo esperar que el crédito puente esté disponible entre finales de julio y agosto, y que los 2.000 millones lleguen en ese mismo periodo.

Lizarzaburu también destacó la presencia activa de un representante de ProInversión en el directorio y el intercambio permanente de ideas entre todas las partes involucradas (incluyendo Deloitte y el estudio Muñiz).

Según el ingeniero de la PUCP, la deuda de corto plazo de Petroperú se encuentra entre USD 600 y 800 millones, lo que genera un capital de trabajo negativo. La deuda global asciende a aproximadamente USD 5.000 millones.

La empresa también enfrenta deudas pendientes para los años 2025 y 2026, aunque el Directorio actual “no ha incrementado el endeudamiento total respecto a meses anteriores”, asegura.

ProInversión es la entidad encargada de administrar y gestionar los bloques patrimoniales de Petroperú, así como de separar los activos estratégicos y no estratégicos.

Actualmente, cualquier decisión sobre la venta, modificación o postergación de activos depende de ProInversión y no del Directorio de Petroperú.

Petroperú reafirma colaboración en proceso de reorganización patrimonial

A través de un comunicado, Petroperú rechazó la carga probatoria y las versiones que le atribuyen una supuesta intención de retrasar u obstaculizar el proceso de reorganización patrimonial dispuesto por el Estado.

La empresa afirmó que tanto el Directorio como la administración han mantenido una actuación institucional acorde con las disposiciones establecidas desde el inicio del proceso.

La compañía explicó que la adopción de los acuerdos societarios requeridos para implementar los mecanismos financieros previstos por el Ejecutivo exige disponer de información técnica, financiera, legal y operativa completa.

Parte de esta información, según Petroperú, debía ser proporcionada por ProInversión, por lo que las solicitudes realizadas responden a la necesidad de contar con fundamentos sólidos antes de tomar decisiones de alto impacto.

La compañía subrayó que sus pedidos de información complementaria no deben interpretarse como una actitud negativa o de dilación, sino como una manifestación del deber de diligencia que corresponde al Directorio y la administración ante decisiones patrimoniales y financieras relevantes tanto para la empresa como para el Estado.

Por último, la empresa reiteró su actuación diligente y colaborativa en cumplimiento de los decretos de urgencia y su plena disposición para continuar trabajando de forma coordinada y transparente con ProInversión.

En eta línea, la estatal reafirmó su compromiso con la sostenibilidad financiera, la continuidad de las operaciones y el abastecimiento de combustibles en el país, asegurando que todas sus acciones se realizan bajo los principios de transparencia y respeto al marco legal vigente.