El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por sesenta días en cinco distritos de la provincia de Pisco, implementando restricciones a derechos fundamentales y reforzando las acciones de seguridad tras un incremento de la criminalidad y la violencia.
El Decreto Supremo N° 105-2026-PCM, firmado por el presidente José María Balcázar Zelada, establece la medida en los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca, ubicados en la provincia de Pisco del departamento de Ica.
La decisión se fundamenta en informes reservados de la Policía Nacional del Perú (PNP) que advierten sobre la afectación del orden interno y la seguridad ciudadana por el accionar de bandas criminales, homicicidios, extorsiones y otras modalidades delictivas.
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La intervención fue solicitada por la Comandancia General de la Policía Nacional mediante el Oficio N° 665-2026-CG PNP/SEC., con base en análisis y reportes de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y la Región Policial Ica.
El decreto precisa que la PNP mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que las zonas de intervención serán determinadas según inteligencia policial, indicadores y mapas del delito.
Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a la Constitución Política del Perú.
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La realización de actividades masivas de carácter religioso, cultural o deportivo requerirá permisos especiales de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán efectuarse sin autorización previa.
Organización y coordinación
El dispositivo establece la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Jefe de la Región Policial Ica e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, autoridades locales y Defensa Civil. Además, se conforman comités especializados: el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).
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El CCO lidera las acciones integradas para restablecer el orden interno y reducir la criminalidad, fijando objetivos y metas para la región y coordinando operativos, patrullajes y análisis de datos. Las municipalidades y el Gobierno Regional deben poner a disposición la infraestructura y recursos logísticos para apoyar las tareas de seguridad.
Las fuerzas integradas, conformadas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán control territorial en zonas críticas, resguardarán instituciones públicas y establecerán puestos de comando temporales.
El decreto detalla la realización de patrullajes permanentes a pie y motorizados, así como operativos masivos para decomisar armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, con la participación de la Fiscalía de la Prevención del Delito.
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Se autorizan operativos de control de identidad en inmuebles, vías públicas y unidades de transporte, con el objetivo de buscar y capturar requisitoriados. El control y fiscalización se extienden a la fabricación y comercialización de pirotécnicos, insumos químicos para drogas y recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales.
El Comité de Fiscalización ejecutará operativos enfocados en la trata de personas, la comercialización ilegal de drogas, el mercado de armas, la venta informal de tarjetas SIM y equipos celulares, y el mercado ilegal de autopartes. El decreto ordena a la PNP y al OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) coordinar la suspensión inmediata de líneas telefónicas y chips vinculados a delitos como extorsión y sicariato.
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Supervisión, información y financiamiento
Durante la vigencia de la emergencia, el personal involucrado en patrullajes y operativos deberá proteger su identidad en acciones especiales y utilizar canales de comunicación reservados. El CCO implementa un sistema unificado de datos sobre criminalidad y operativos a través de una plataforma digital de interoperabilidad.
Al finalizar el periodo de emergencia, el CCO presentará un informe al titular del Ministerio del Interior, con los resultados y recomendaciones, el cual será elevado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial. El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los sectores involucrados y eventuales asignaciones adicionales gestionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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La norma fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Transportes y Comunicaciones.
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