El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por sesenta días en cinco distritos de la provincia de Pisco, implementando restricciones a derechos fundamentales y reforzando las acciones de seguridad tras un incremento de la criminalidad y la violencia.
El Decreto Supremo N° 105-2026-PCM, firmado por el presidente José María Balcázar Zelada, establece la medida en los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca, ubicados en la provincia de Pisco del departamento de Ica.
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La decisión se fundamenta en informes reservados de la Policía Nacional del Perú (PNP) que advierten sobre la afectación del orden interno y la seguridad ciudadana por el accionar de bandas criminales, homicicidios, extorsiones y otras modalidades delictivas.
La intervención fue solicitada por la Comandancia General de la Policía Nacional mediante el Oficio N° 665-2026-CG PNP/SEC., con base en análisis y reportes de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y la Región Policial Ica.
El decreto precisa que la PNP mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que las zonas de intervención serán determinadas según inteligencia policial, indicadores y mapas del delito.
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Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a la Constitución Política del Perú.
La realización de actividades masivas de carácter religioso, cultural o deportivo requerirá permisos especiales de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán efectuarse sin autorización previa.
Organización y coordinación
El dispositivo establece la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Jefe de la Región Policial Ica e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, autoridades locales y Defensa Civil. Además, se conforman comités especializados: el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).
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El CCO lidera las acciones integradas para restablecer el orden interno y reducir la criminalidad, fijando objetivos y metas para la región y coordinando operativos, patrullajes y análisis de datos. Las municipalidades y el Gobierno Regional deben poner a disposición la infraestructura y recursos logísticos para apoyar las tareas de seguridad.
Las fuerzas integradas, conformadas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán control territorial en zonas críticas, resguardarán instituciones públicas y establecerán puestos de comando temporales.
El decreto detalla la realización de patrullajes permanentes a pie y motorizados, así como operativos masivos para decomisar armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, con la participación de la Fiscalía de la Prevención del Delito.
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Se autorizan operativos de control de identidad en inmuebles, vías públicas y unidades de transporte, con el objetivo de buscar y capturar requisitoriados. El control y fiscalización se extienden a la fabricación y comercialización de pirotécnicos, insumos químicos para drogas y recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales.
El Comité de Fiscalización ejecutará operativos enfocados en la trata de personas, la comercialización ilegal de drogas, el mercado de armas, la venta informal de tarjetas SIM y equipos celulares, y el mercado ilegal de autopartes. El decreto ordena a la PNP y al OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) coordinar la suspensión inmediata de líneas telefónicas y chips vinculados a delitos como extorsión y sicariato.
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Supervisión, información y financiamiento
Durante la vigencia de la emergencia, el personal involucrado en patrullajes y operativos deberá proteger su identidad en acciones especiales y utilizar canales de comunicación reservados. El CCO implementa un sistema unificado de datos sobre criminalidad y operativos a través de una plataforma digital de interoperabilidad.
Al finalizar el periodo de emergencia, el CCO presentará un informe al titular del Ministerio del Interior, con los resultados y recomendaciones, el cual será elevado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial. El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los sectores involucrados y eventuales asignaciones adicionales gestionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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La norma fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Transportes y Comunicaciones.
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