PJ admite demanda de Delia Espinoza para anular segunda inhabitación de 10 años

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo de la decana de Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, para que se declare nula la segunda inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso de la República.

Se trata de la inhabilitación que el Parlamento le impuso por presentar una denuncia constitucional contra 11 congresistas que votaron a favor de una ley que permitía a legisladores con trayectoria en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cobrar al mismo tiempo su sueldo como parlamentarios y su pensión militar o policial —lo que se conoció como la ley del “doble sueldo”.

La Primera Sala Constitucional de Lima admitió la demanda de amparo y programó la audiencia única para el próximo 5 de octubre a las 9:00 de la mañana. El Congreso tiene 10 días hábiles para responder la demanda.

El martes 23 de junio, el Congreso de la República oficializó la inhabilitación por diez años de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza mediante la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la resolución legislativa 010-2025-2026-CR.

La resolución, firmada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente Waldemar José Cerrón Rojas, formaliza la sanción que el Pleno aprobó el 7 de mayo de 2026 con 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. El camino hasta esa votación no fue directo: un primer intento, el 12 de marzo de 2026, fracasó al no alcanzarse los 66 votos mínimos requeridos. Fue el congresista Jorge Montoya —uno de los once denunciados por Espinoza— quien presentó una reconsideración que devolvió el caso al Pleno. La sanción terminó por concretarse con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.

Ya hay fallos a favor de Delia Espinoza

Se trata de la segunda inhabilitación por diez años que el Congreso impone a Espinoza. La primera se basó en la supuesta contravención de la Ley 32130, vinculada al Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, norma que la exfiscal no firmó ni respaldó. En aquel proceso, el Parlamento también le retiró la prerrogativa de antejuicio penal y habilitó una acusación constitucional en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Frente a esa primera sanción, Espinoza recurrió a la justicia constitucional. La Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte una demanda de amparo el 26 de mayo, determinó que el Parlamento incurrió en un “trato discriminatorio y selectivo” y ordenó la reincorporación inmediata de la exfiscal como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema Titular. El 8 de junio, esa misma sala concedió efecto suspensivo a los recursos de apelación presentados tanto por la Procuraduría Pública del Poder Legislativo como por la propia Espinoza, con lo que el caso quedó en manos de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

En paralelo, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley acogió un pedido de excepción de improcedencia de acción y dispuso el archivo definitivo del proceso penal abierto contra Espinoza por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.