
Alrededor de 16 instituciones educativas de Lima Metropolitana han sido víctimas de extorsión en lo que va del año, según informó el vocero de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marcos Tupayachi. Las amenazas contra directivos y el cobro de cupos continúan afectando tanto a colegios públicos como privados.
En declaraciones a RPP Noticias, el funcionario señaló que durante 2025 se reportaron cerca de 35 escuelas extorsionadas, una cifra que refleja la persistencia de este delito en la capital. “Las modalidades de extorsión son las que se conocen: amenazas y pagos que pueden exigir a los directivos”, explicó.
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Tupayachi advirtió que las extorsiones son uno de los dos principales problemas de seguridad que enfrentan las instituciones educativas. El otro corresponde al incremento de la violencia dentro de los propios colegios, un fenómeno que, según indicó, se ha agravado por factores sociales y económicos.

Medidas que se aplican cuando un colegio es víctima de extorsión
De acuerdo con Tupayachi, las modalidades de extorsión son las que ya se observan en otros sectores: amenazas a los directivos y exigencias de pagos o cupos para evitar atentados contra los planteles.
Frente a esta situación, explicó que la DRELM trabaja bajo un Plan Integral de Seguridad Escolar, elaborado durante 2025, en coordinación con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las municipalidades.
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“Cuando se produce un caso de este tipo ingresamos de manera articulada para tomar un conjunto de medidas”, sostuvo.
Entre las acciones figura la instalación e interconexión de cámaras de videovigilancia con las centrales de la Policía y el Serenazgo, además de patrullaje preventivo y vigilancia encubierta mediante efectivos especializados. También se asigna un policía como promotor de seguridad permanente en el colegio.

Las medidas no se limitan al aspecto policial. Tupayachi explicó que, cuando la amenaza genera temor entre la comunidad educativa, se recomienda suspender temporalmente las clases presenciales.
“Nos vamos una semana a la virtualidad y durante ese tiempo hacemos un trabajo de contención socioemocional con los estudiantes y las familias”, señaló.
Violencia escolar, drogas y pandillaje preocupan a las autoridades
El vocero de la DRELM afirmó que el segundo gran problema es el aumento de la violencia escolar, que ya no se limita a casos de bullying.
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Según explicó, ahora aparecen situaciones relacionadas con consumo de drogas, pandillaje, barras y, en algunos casos, la presencia de organizaciones criminales alrededor de los colegios.
“Hay casos donde utilizan a los propios escolares para infiltrarse en las instituciones educativas; en otros, la actuación es externa, pero el fenómeno está presente”, advirtió.

Para el funcionario, este escenario responde también a factores sociales y económicos que se agravaron después de la pandemia.
“Ha habido negocios que cerraron, desempleo creciente y más estudiantes que abandonan el colegio o no llegan a matricularse. También existen problemas familiares vinculados a la pobreza y a situaciones de abandono. Todo eso golpea muy duramente a los jóvenes”, explicó.
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Como respuesta, la DRELM implementó un mapa de riesgo que identifica por escuela, distrito y UGEL casos relacionados con acoso sexual, trata de personas y consumo de drogas. Además, reforzó las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), cuyos integrantes recibieron capacitación en temas de seguridad y contención social.

Sin embargo, Tupayachi reconoció que la capacidad de respuesta todavía resulta insuficiente frente a la magnitud del sistema educativo de la capital. “Lima Metropolitana tiene 2.032 colegios y solo 73 cuentan con cámaras de seguridad interconectadas”, precisó.
Ante esa brecha, la estrategia consiste en organizar redes educativas de entre 10 y 20 instituciones para coordinar las acciones de prevención y facilitar la intervención de las autoridades. Aun así, el vocero sostuvo que fortalecer la seguridad en los colegios seguirá siendo una de las principales tareas pendientes.
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