Estado de emergencia en Piura es ampliado ante ola de violencia

La región de Piura vive días de alta tensión tras un nuevo atentado contra un candidato a alcalde, que se suma a una serie de hechos violentos que han elevado los índices delictivos en el norte de Perú.

El reciente ataque contra Deyner Quinde Rivera, aspirante a la alcaldía de Ayabaca, refleja la preocupación creciente de la población y de las autoridades. Según detalló el propio Quinde en redes sociales, desconocidos detonaron un artefacto explosivo de alta potencia en la puerta de su vivienda poco después de finalizar una actividad proselitista.

“Afortunadamente, el hecho solo ha ocasionado daños materiales. Mi persona, mi familia y mi equipo nos encontramos bien y a salvo”, publicó el candidato, quien también expresó que estos episodios no lo disuaden de su proyecto político.

“Rechazo de manera enérgica este acto delincuencial. Estos hechos no nos amedrentan, por el contrario, reafirman nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad y el desarrollo de nuestra provincia”, agregó Quinde.

El atentado activó el despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) y motivó un llamado urgente a las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. El candidato solicitó una investigación inmediata al Ministerio Público y pidió que se garantice la tranquilidad de las familias ayabaquinas.

“Solicito a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes que inicien una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables”, enfatizó Quinde. El caso se suma a una lista de incidentes recientes que han puesto en alerta a los residentes de los principales distritos y provincias de la región.

Estado de emergencia

En respuesta a este contexto, el Gobierno peruano oficializó la prórroga del estado de emergencia por 60 días en diversas zonas de Piura, a partir del 6 de julio de 2026, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad.

La medida, respaldada por el Decreto Supremo N.° 101-2026-PCM, alcanza los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, así como las provincias de Paita y Talara.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, apoyada por las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención conjunta serán definidas a partir de inteligencia policial, estadísticas y mapas del delito, según lo estipulado en el decreto.

Esta normativa también contempla la restricción de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.

El Ejecutivo dispuso que las actividades religiosas, culturales, deportivas o recreativas de carácter masivo podrán desarrollarse únicamente con el permiso de las autoridades, mientras que los eventos de menor escala no requerirán autorización previa. 

El documento oficial lleva la firma del presidente José María Balcázar y de los titulares de Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Transportes y Comunicaciones, y Economía y Finanzas.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se encuentra regulada por el Decreto Legislativo N° 1186 y por el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.