Jackson Mora y la pena de prisión que pide la Fiscalía por presunta integración a “Los Arquitectos del Fraude”

Jackson Mora Rodríguez fue detenido de forma preliminar el 2 de julio por agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri en su vivienda de San Borja, en el marco de una investigación fiscal que lo señala como presunto integrante de la organización criminal “Los Arquitectos del Fraude”.

Según la tesis del Ministerio Público, el grupo habría transferido ilegalmente S/ 9.984.793 que la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha (Ica), mantenía depositados en una cuenta administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con la información disponible, la detención forma parte de un operativo autorizado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, dentro de una investigación iniciada en 2024. La diligencia incluyó el allanamiento simultáneo de 12 inmuebles en Lima y Chincha. Mora, además, permanecerá siete días detenido en la sede de la Dirincri, en la avenida España.

La Fiscalía estaría solicitando más de cuatro años de prisión efectiva contra Mora por los delitos de fraude informático, banda criminal y lavado de activos.

El caso se volvió de alto interés público no solo por el monto involucrado, sino porque el nombre del exboxeador y empresario aparece ligado a una empresa en la que su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, figura como gerente general, y porque la hipótesis fiscal sostiene que el dinero municipal habría terminado en cuentas bajo investigación antes de ser distribuido mediante cheques de gerencia a compañías consideradas de fachada.

“Los Arquitectos del Fraude”: la tesis fiscal sobre el presunto modo de operación

La investigación sostiene que la presunta organización criminal se acercó al alcalde de Pueblo Nuevo con una fachada: habrían asegurado ser asesores de la congresista Jeny López.

Para dar credibilidad al supuesto ofrecimiento, alquilaron una oficina por mil soles durante diez días en el piso 11 del edificio Polo Hunt II, ubicado en la cuadra 14 de la avenida La Encalada, y la presentaron como el despacho de la parlamentaria.

Con esa puesta en escena, siempre según la tesis fiscal, el burgomaestre habría entregado su DNI y el código de acceso a la plataforma del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF, bajo el argumento de brindar asesoría técnica para el desembolso de fondos destinados a un proyecto de agua y desagüe. El punto central de la acusación es que, una vez obtenidas las credenciales, los presuntos ciberdelincuentes bloquearon el acceso al SIAF a las autoridades municipales acreditadas y ejecutaron la transferencia del dinero.

En el expediente se menciona que los casi diez millones de soles tendrían origen en el canon minero asignado al distrito. Tras el movimiento principal, la Fiscalía plantea que los fondos terminaron en la cuenta de una empresa que aparece vinculada al entorno de Mora, lo que abrió la línea de investigación por presunto lavado de activos.

El dinero y la empresa investigada: FFC MMA SAC y el rol de su hermana

El documento fiscal presentado en un reportaje televisivo señala que el dinero fue trasladado desde la cuenta del Banco de la Nación de la Municipalidad de Pueblo Nuevo hacia la cuenta de la empresa FFC MMA SAC, cuya gerente general es Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. A partir de allí, el dinero habría sido distribuido mediante más de diez cheques de gerencia a distintas compañías consideradas de fachada por la investigación.

La hipótesis del Ministerio Público agrega un elemento específico sobre el presunto rol de Mora: habría tenido “pleno conocimiento” del depósito y coordinado con un presunto cómplice, David Mesones Mazzini, para que los fondos ingresaran a la cuenta de FFC MMA SAC. Según las autoridades, el 23 de abril Mora fue captado en videos junto a su hermana y otros presuntos integrantes de la banda en las inmediaciones de una agencia del BCP en Miraflores, en un momento en el que el dinero ingresaba a la cuenta de la empresa.

La investigación también sostiene que, tras coordinar con Mesones, Mora habría instruido a Noelia para que ordenara los cheques de gerencia a nombre de las empresas receptoras.

FFC MMA SAC fue constituida en 2017 y, según información citada por un canal de televisión, desarrolla actividades vinculadas al reciclaje de desperdicios y servicios de entretenimiento. La documentación señala que las operaciones revisadas registran transferencias a favor de la empresa por conceptos vinculados a un supuesto proyecto de protección frente a riesgos de residuos sólidos y la creación de un servicio de práctica deportiva en el estadio municipal de Pueblo Nuevo. Además, se indica que Jackson Mora ejerció la gerencia general antes de que su hermana asumiera el cargo.

Detenciones, bloqueo de fondos y una intervención en Lima

El caso tuvo movimientos paralelos en Chincha y Lima. Según lo reportado, el 24 de abril el alcalde de Pueblo Nuevo solicitó al Banco de la Nación el bloqueo de la transferencia y ese mismo día declaró como testigo ante la Depincri de Chincha.

En Lima, se informó la intervención de Félix Víctor Saldarriaga Guerrero cuando intentaba retirar 400 mil dólares que, de acuerdo con la investigación, provenían de los fondos municipales. Esos hechos aparecen como parte de la reconstrucción fiscal sobre cómo se habría intentado movilizar el dinero tras la transferencia.

Durante el operativo del 2 de julio, Mora fue trasladado con chaleco policial y esposado. En la cobertura del caso, otro detenido identificado como César Mead fue consultado por la prensa y declaró: “Yo alquilo una oficina, nada más. Yo no he hecho nada malo”.

La conferencia de prensa donde se detalló el operativo contó con la participación del director de la Dirincri, Víctor Revoredo; el jefe de la División de Investigación de Estafas, Freddy Delgado de La Torre; y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola. Las diligencias, además, continuarán en Chincha con nuevas actuaciones.

Los delitos imputados y los años de prisión que pide la Fiscalía

En lo inmediato, el foco está en el pedido fiscal que, según la información proporcionada, apunta a más de cuatro años de prisión efectiva por fraude informático, banda criminal y lavado de activos.

Esa cifra se convirtió en el principal dato de lectura pública del caso: no se trata de una controversia o un conflicto privado, sino de una investigación por presunta organización criminal y por un monto millonario ligado a recursos de una municipalidad.

El nombre de Jackson Mora también adquiere otra dimensión en el ecosistema mediático por su trayectoria pública: es exboxeador, empresario y exesposo de Tilsa Lozano, lo que amplifica la atención sobre el proceso.

En paralelo, el material de referencia incluye otros episodios de controversias legales y denuncias previas en torno al exdeportista, como acusaciones públicas de exsocios en enero de 2026 sobre presuntos “arreglos” y “aceitadas” en una liga de MMA, además de disputas por propiedad y conflictos empresariales, hechos que Mora ha negado en distintos momentos.