PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley en el marco de una investigación preliminar por supuesto cohecho pasivo específico cuando era juez superior de Piura en 2014. Infobae accedió a la resolución que declara fundado el pedido del Ministerio Público.

Se trata de una investigación por supuestamente haber aceptado 80 mil soles para que la Sala de Apelaciones de Piura que integraba confirmara la absolución de un procesado por tráfico ilícito de drogas. Según la Fiscalía, el abogado de dicho procesado habría contactado inicialmente a Víctor Manuel Zapata Valle, quien habría aprovechado su relación de amistad con Checkley para facilitar la comunicación y concertación de la entrega del soborno.

Ahora bien, cabe precisar que esta investigación ya había sido archivado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en agosto de 2024, debido a que las diligencias realizadas (incluido levantamiento del secreto bancario) no permitían corroborar la tesis.

No obstante, la Procuraduría impugnó el archivo de la investigación contra Checkley (elevación de actuados). En abril de 2025, otro Fiscalía Suprema declaró fundada la queja y reabrió el caso. Meses después, en noviembre del mismo años, la Fiscalía Suprema a cargo solicitó autorización al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para formalizar la investigación preparatoria. Pero Gálvez anuló el informe y ordenó nuevas diligencias, entre ellas el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Oposición

Así es como la investigación llega a este punto en el que se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del magistrado Juan Carlos Checkley, quien está a cargo del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria que resuelve en primera instancia los requerimientos fiscales contra altos funcionarios y determina si un caso avanza a juicio oral.

Checkley se opuso a la medida, según la resolución. No porque esté en contra de que Fiscalía acceda al registro de las llamadas que hizo o recibió hace 12 años, sino porque alega que plazo de las diligencias preliminares venció en agosto de 2023 y que la ampliación por 120 días, dispuesta por la Fiscalía Suprema a partir de la decisión de Tomás Gálvez, carece de sustento legal.

En su oposición, el magistrado también recordó que colaboró activamente en la investigación preliminar, incluso aceptando el levantamiento del secreto bancario, diligencia con la que tampoco se pudo confirmar el supuesto acuerdo de 80 mil soles.

La defensa de Checkley también alegó que el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones carecería de utilidad porque son hechos supuestamente ocurridos hace aproximadamente 12 años.

Sin embargo, el Juzgado Supremo desestimó estos reclamos. Dijo que la legalidad del plazo de la investigación debe cuestionarse mediante otros mecanismos procesales, como el control de plazos, y en el trámite de un requerimiento fiscal como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Asimismo, el Juzgado concluyó que el levantamiento de las comunicaciones es una medida idónea, necesaria y proporcional, dado que existen declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos que respaldarían la hipótesis. Con este decisión, las operadoras de telefonía deberán entregar el historial detallado de llamadas, mensajes y geolocalización correspondiente de entre el 6 de febrero y el 20 de agosto de 2014, fechas clave en las que se habría dado la presunta concertación.