Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pide a Keiko Fujimori cumplir con revisar ‘leyes procrimen’ al inicio de su gestión

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, solicitó este miércoles a la mandataria electa Keiko Fujimori cumplir con la revisión de las llamadas ‘leyes procrimen’, un paquete de normas aprobadas por el Congreso que, según especialistas, limita la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar el crimen organizado y la corrupción.

Durante el VII aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, la magistrada destacó que “la autoridad máxima que regirá los destinos de nuestro país” expresó su compromiso de analizar estas normativas, y advirtió que los recientes cambios en la legislación sobre decomiso de bienes de origen ilícito han implicado un paso atrás en el combate al crimen organizado.

Tello consideró que esta modificación representa “un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos”, pues condiciona la extinción de dominio de bienes de procedencia ilícita a procesos penales que podrían durar años.

“(Todo lo anterior) significa, en términos prácticos, viabilizar la impunidad económica para que los testaferros licúen, transfieran y oculten el dinero mal habido”, afirmó.

“Este Poder Judicial no permanecerá silente. En estricta coordinación con las instituciones que defienden la legalidad democrática, nos mantenemos firmes en la evaluación de los mecanismos constitucionales pertinentes para preservar la integridad, la autonomía y la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico”, añadió.

Días antes de la segunda vuelta en la que se enfrentó con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la lideresa de Fuerza Popular expresó su disposición a revisar el conjunto de normas señaladas y planteó la creación de una “comisión de alto nivel integrada por expertos, representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría para analizar ajustes técnicos y corregir aspectos que no funcionan”.

No obstante, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) defendió que parte de las reformas buscan dar cobertura legal a la policía en el uso de armas de fuego y fortalecer a las fuerzas de seguridad, aunque reconoció la necesidad de revisar otras disposiciones vinculadas a posibles blindajes políticos y protección de investigados.

“También ha habido normas dentro de estas mal llamadas ‘leyes pro crímenes’ que buscan, por ejemplo, fortalecer a la policía. Antes, cuando un policía usaba su arma, terminaba preso”, señaló en diálogo con radio Exitosa y añadió que se dio “un resguardo y un respaldo a nuestra Policía Nacional”.

Entre este paquete cuestionado está la Ley N.º 31990, que acorta los plazos para investigar a colaboradores eficaces; la Ley N.º 32326, que exige sentencia firme para iniciar la extinción de dominio; la Ley N.º 32054, que impide sancionar a partidos políticos por delitos cometidos mediante su estructura; y la Ley N.º 32138, que según el Ministerio Público, limita investigaciones por crimen organizado.

Tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que sumó un total de 9.173.755 papeletas.