Las denominadas “leyes procrimen” se convirtieron en uno de los focos más sensibles del debate público en Perú: críticos en el sistema de justicia advierten que varias normas recientes debilitaron herramientas para investigar, recuperar bienes de origen ilícito y sostener casos complejos, en un contexto de aumento de la inseguridad. A días de la segunda vuelta del 7 de junio, el tema volvió al centro de la campaña.
En ese escenario, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió si en un eventual gobierno estaría dispuesta a revisar ese paquete de normas. Su postura, planteó, pasa por una revisión integral desde el Congreso y por ajustes técnicos que corrijan lo que no funciona sin perder, según su argumento, medidas que respalden a las fuerzas del orden.
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“Hemos propuesto crear una comisión de alto nivel, fuera de la política, con expertos y con participación del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría. Esa comisión analizará qué debe mejorarse, acotarse o cambiarse, y se harán los ajustes que correspondan”, afirmó en diálogo con Exitosa Noticias.
Keiko Fujimori justifica una de las leyes procrimen
Fujimori sostuvo que el debate sobre las denominadas leyes procrimen debe distinguir entre medidas que, a su juicio, terminan favoreciendo a delincuentes y aquellas que buscan dar cobertura legal a policías en el uso de sus armas. “También ha habido normas dentro de estas mal llamadas leyes pro crímenes que buscan, por ejemplo, fortalecer a la policía. Antes, cuando un policía usaba su arma, terminaba preso",señaló, y añadió que se dio “un resguardo y un respaldo a nuestra Policía Nacional”.
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La candidata sostuvo que las fuerzas del orden “ponen el pecho por los ciudadanos” y extendió esa lógica a otras entidades del aparato de seguridad: mencionó a las Fuerzas Armadas y al INPE, sobre el que pidió cambios. “Hay que remodelarlo, cambiar”, afirmó, aunque no detalló qué modificaciones impulsaría.
En la conversación, el entrevistador introdujo el cuestionamiento a normas asociadas a blindajes políticos, al mencionar como ejemplo la “ley Soto” y advertir que leyes orientadas a proteger a investigados por corrupción pueden terminar beneficiando a criminales. Fujimori respondió que ese punto debe entrar al análisis y que se harían “los cambios correspondientes”.
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Algunas de las leyes procrimen bajo cuestionamiento
El debate sobre las llamadas leyes procrimen se centra en un conjunto de normas aprobadas desde el Congreso que, según críticos, habrían debilitado la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la persecución penal. Estas disposiciones han sido defendidas por sus impulsores como ajustes necesarios para “corregir excesos” del sistema judicial.
- Ley N.º 31990 (21 de marzo de 2024): limitó a 8 meses —con prórrogas de hasta 12 en casos de crimen organizado— la investigación de aspirantes a colaboración eficaz, al modificar artículos del Código Procesal Penal.
- Ley N.º 32326 (9 de mayo de 2024): exigió sentencia firme para iniciar la extinción de dominio, lo que, según críticos, bloquea la recuperación temprana de bienes vinculados a delitos.
- Ley N.º 32054: impidió sancionar a partidos políticos por delitos cometidos mediante su estructura, incluso si dirigentes o candidatos están vinculados a corrupción o lavado de dinero.
- Ley N.º 31989: derogó una disposición que permitía perseguir penalmente a quienes usaban insumos explosivos ligados a minería ilegal con inscripción suspendida en el REINFO.
- Ley N.º 32130: planteó que la Policía lidere la investigación preliminar, con el argumento de restituir atribuciones y “fortalecer” a la PNP, según declaraciones citadas en el recuento.
- Ley N.º 32138: modificó la Ley 30077 y, según el Ministerio Público, limitó el alcance de investigaciones por crimen organizado y corrupción; el juez Richard Concepción Carhuancho advirtió que podría tratarse de una “ley con nombre propio”.
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