
El expremier Aníbal Torres expresó públicamente su preocupación por la actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026.
Según Torres, la publicación de la Resolución Jefatural N.° 000090-2026-JN-ONPE el 29 de mayo vulneró el principio de intangibilidad normativa previsto en la Ley Orgánica de Elecciones, ya que fue emitida mientras el proceso electoral se encontraba en marcha.
“Durante años se intentó cerrar este debate diciendo que no existían pruebas. En la primera vuelta se hablaba de fraude sin pruebas. En la segunda hay pruebas. Existe una resolución oficial emitida en plena elección y el país tiene derecho a conocer sus consecuencias”, declaró Torres.
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El exfuncionario sostiene que la norma permitió modificar el mecanismo de traslado de actas de votación en el exterior, autorizando el envío físico de estos documentos en valijas diplomáticas, sin que los votos fueran digitalizados ni escaneados previamente en consulados de Estados Unidos y Argentina.
Torres denunció que el material electoral fue remitido a Lima sin contabilizar los votos ni garantizar una cadena de custodia adecuada, lo que, según su interpretación, genera presunción de alteración de resultados.
“Sobre el fraude en la Segunda Vuelta Presidencial no existe solamente indicios, sino pruebas contundentes”, afirmó el exjefe del gabinete. Agregó que el tiempo transcurrido entre la emisión de los votos y su posterior procesamiento refuerza la duda sobre la integridad del proceso.
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El expremier pidió una explicación pública sobre la emisión de la resolución y sus efectos. “El problema ya no es lo que cada uno crea. El problema es que existe una resolución, existe una fecha y existe una ley. Y esas tres cosas merecen una explicación pública que hasta hoy no se ha producido”, enfatizó.

Respuestas institucionales
Frente a estas acusaciones, la Cancillería negó que sus funcionarios consulares hayan incurrido en manipulación, interferencia o alteración del material electoral enviado desde el extranjero.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que su rol durante las elecciones se limitó a la organización y el apoyo logístico, en coordinación con la ONPE. Destacó que el proceso se realizó con la participación de ciudadanos como miembros de mesa y la presencia de personeros acreditados, además de la fiscalización de autoridades electorales y observadores internacionales.
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“La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponde a la Cancillería”, indicó la Cancillería. Añadió, a través de un comunicado, que el procesamiento del material electoral corresponde exclusivamente a la ONPE, conforme a la normativa vigente.
La ONPE también defendió la legalidad de su actuación, subrayando que la decisión de trasladar las actas físicas a Lima respondió a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y que el procedimiento no contravino la Ley Orgánica de Elecciones.
El organismo electoral explicó que el aplicativo digital para el escaneo de actas no se aplicó de forma general, debido a dificultades técnicas reportadas por los consulados en la primera vuelta, motivo por el cual la segunda vuelta se realizó bajo el sistema tradicional.
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La ONPE aseguró que el traslado del material electoral siguió una cadena de custodia rigurosa y que todos los documentos llegaron intactos a la sede central en los plazos establecidos.
Asimismo, recordó que desde 2016 coordina con la Cancillería la organización del voto en el exterior y que los lineamientos aprobados buscan garantizar la transparencia y la ejecución adecuada de los comicios.
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