La empresa de transporte Etupsa 73, que cubre la ruta entre San Martín de Porres (SMP) y otros distritos de Lima, enfrenta una nueva ola de extorsión. Un grupo identificado como “los Orientales” hizo llegar un mensaje en el que advierte represalias directas contra los choferes y las unidades si no se cumple el pago exigido.
El mensaje, recibido mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenía resguardo en el local de la empresa, contiene amenazas explícitas: “Carro que veamos en la pista, así estén haciendo talleres, les vamos a estallar el carro con dinamita”.
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Esta situación no es nueva para la línea 73, que ya suspendió sus servicios de las rutas A y B tras los ataques y amenazas registrados desde finales de 2024.
El temor entre los trabajadores se ha acentuado, y los buses permanecen dentro de las instalaciones. Las evidencias de violencia, como impactos de bala en las puertas, reflejan un escenario donde la inseguridad obliga a modificar la rutina diaria del transporte público.
Los antecedentes incluyen atentados armados, como el registrado meses atrás en la zona de Sol de Oro, donde un bus fue atacado a balazos. Según registros de la empresa y reportes de la prensa local, los extorsionadores han recurrido a videos y mensajes para intimidar a los empleados, mostrando armas y grabando unidades de la línea como advertencia.
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El impacto de la violencia sobre el transporte público se extiende más allá de los ataques directos: la suspensión del servicio de la línea 73 afecta la movilidad en distritos clave como Jesús María, Cercado de Lima, Breña, Pachacámac y San Juan de Miraflores.
Nuevas formas de protección
El reciente mensaje no solo incrementó la preocupación entre los trabajadores, sino que también afectó a miles de usuarios que dependen de la línea 73 para movilizarse por Lima. Muchos conductores y cobradores han decidido suspender sus labores, priorizando su integridad ante la amenaza latente de ataques armados.
La Policía Nacional permanece en los alrededores del local de la empresa, ubicada en San Martín de Porres, realizando labores de vigilancia continua. Fuentes policiales confirmaron que detrás de estas amenazas estaría una organización delictiva que busca el cobro sistemático de extorsiones para permitir que los buses sigan operando. En el lugar, la presencia de agentes es constante, pero la intimidación persiste.
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La situación impulsó a varios empresarios y conductores a adoptar medidas extraordinarias. Desde diciembre de 2025, muchos trabajadores del sector adquirieron chalecos antibalas y prendas con protección balística, integrando estas medidas a su vestimenta cotidiana.
Según explicó el especialista en seguridad táctica Johan Tintaya a Panamericana TV, “debido al alto índice de criminalidad, hoy en día vivimos tiempos muy inseguros donde todos, incluso los transportistas, están comprando cada vez más ropa blindada”.
El caso de Etupsa 73 se suma a una tendencia preocupante en el sector, donde la extorsión y la inseguridad obligan a repensar la protección y la operatividad del transporte público en Lima. Las autoridades continúan investigando, mientras la empresa y sus trabajadores buscan alternativas para retomar sus actividades con mayores garantías.
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