Agroexportación en riesgo

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, plantea eliminar el régimen tributario especial aplicable al sector agroexportador y llevarlo al esquema general del impuesto a la renta. La propuesta puede sonar políticamente atractiva bajo el argumento de “eliminar privilegios”, pero vuelve a evidenciar una preocupante desconexión respecto a cómo funciona realmente una de las actividades más exitosas de la economía peruana.

Las agroexportaciones no crecieron por casualidad ni aparecieron de la noche a la mañana. Hace apenas veinticinco años, el Perú exportaba menos de US$ 650 millones en productos agrícolas. Hoy supera los US$ 14,500 millones y lidera el mundo en exportaciones de arándanos, uvas y espárragos, además de posicionarse entre los principales exportadores globales de paltas y mangos.

Detrás de ese resultado no hubo magia. Hubo inversión privada, seguridad jurídica, apertura comercial y un conjunto de incentivos orientados a compensar los enormes costos y riesgos que implica desarrollar agricultura moderna en el Perú. Porque el agroexportador peruano no opera en condiciones normales. Antes de exportar una sola caja de fruta, se requiere transformar desiertos en tierras productivas, construir sistemas de irrigación, desarrollar infraestructura y llevar agua desde zonas altoandinas hacia la costa.

En ese contexto, la tasa de 15% del impuesto a la renta no debe analizarse de manera aislada. Forma parte de un esquema diseñado para sostener competitividad frente a países como Chile, Colombia, México, Marruecos o Sudáfrica, con los que el Perú compite permanentemente por mercados e inversiones.

Además, muchas veces se omite que el sector ya enfrenta importantes sobrecostos laborales. Uno de ellos es el denominado bono beta, equivalente al 30% de la remuneración mínima. Cada incremento del salario mínimo impacta automáticamente sobre ese componente y eleva significativamente los costos laborales del sector formal agroexportador.

Por eso, la discusión no debería centrarse únicamente en si existe o no una tasa diferenciada, sino en cómo preservar competitividad y empleo formal en las regiones. Miles de trabajadores rurales pasaron de la informalidad y el subempleo a empleos formales gracias al desarrollo agroexportador.

Incluso algunos empresarios del sector han señalado disposición a discutir una transición hacia otro esquema tributario, pero condicionada a corregir mecanismos que hoy generan incertidumbre y sobrecostos automáticos. Por ejemplo, revisar el bono beta para convertirlo en un monto fijo y no atado al salario mínimo, o mantener esquemas de contratación acordes con la estacionalidad de las campañas agrícolas.

El verdadero problema es discutir el agroexportador únicamente desde una lógica tributaria y no desde la competitividad. Porque cuando un sector pierde competitividad, lo que finalmente se pone en riesgo no son únicamente utilidades empresariales. Son inversiones, oportunidades y miles de empleos formales en las regiones del país.