Petroperú: Contraloría emplaza al Directorio Lizarzaburu tras nuevo fracaso en la auditoría de Talara

La Contraloría General de la República advirtió que el proceso internacional para la contratación del análisis forense interno en la Nueva Refinería Talara de Petroperú acumula 18 meses de retraso, sin que la estatal haya concretado la adjudicación.

El informe oficial, emitido el 22 de mayo de 2026, señala que la demora representa un riesgo para la eficiencia del control y los intereses institucionales en una de las obras más costosas del país.

De la oferta más baja a la nulidad: Petroperú anula la adjudicación

La revisión, realizada por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Petroperú, se centró en la licitación destinada a contratar una auditoría forense de alto nivel para la nueva planta de Talara, aprobada por acuerdo del directorio el 21 de noviembre de 2024.

El documento, al que accedió Infobae Perú, detalla cómo la primera convocatoria internacional, lanzada en junio de 2025, se declaró desierta ante el incumplimiento de requisitos por parte de las empresas postulantes.

En la segunda licitación, lanzada en septiembre de 2025, la consultora Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda. resultó seleccionada el 10 de noviembre de 2025 con una oferta de USD 2 millones 748.989,32, cifra 42% inferior al monto de referencia inicial de USD 4 millones 747.000.

Sin embargo, la adjudicación fue anulada mediante la Resolución de Gerencia General N° GGRL-0799-2026, fechada el 10 de abril de 2026, que dejó sin efecto el resultado por una supuesta presentación de información inexacta sobre la experiencia de la empresa, y ordenó retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de propuestas.

Contraloría exige respuestas inmediatas por Talara

Según la Contraloría, la falta de resolución afecta la eficiencia y eficacia definidas en el reglamento de contrataciones de la petrolera estatal.

El organismo subrayó que la demora “pone en riesgo la eficiencia y eficacia del proceso de contratación internacional ... así como los intereses de PETROPERÚ S.A., al no lograrse los objetivos requeridos del mencionado servicio”.

Durante el periodo de revisión, la propia Gerencia de Cumplimiento de Petroperú recomendó, mediante memorando del 14 de mayo de 2026, continuar con la evaluación de propuestas conforme a la normativa interna.

Sin embargo, y pese a los comunicados públicos de la empresa asegurando la vigencia del proceso, la auditoría forense en el complejo refinero, que costó más de USD 6.500 millones, sigue sin ejecutarse.

Nadie quiere auditar a Petroperú

Documentos internos y actas administrativas muestran un historial de llamados, cancelaciones y redefiniciones de condiciones técnicas a lo largo de los 18 meses analizados, principalmente porque las propuestas superaban el presupuesto reservado o incumplían requisitos.

Como medida inmediata, la Contraloría exigió al presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños, que informe en un plazo de 5 días hábiles sobre las acciones correctivas adoptadas o previstas, junto con la documentación de respaldo. Dicho plazo se cumple esta semana.

El requerimiento llega después de la reciente declaración de Lizarzaburu ante el Congreso, donde dijo que, según su experiencia profesional -no vinculante-, una auditoría de este tipo debería realizarse por orden expresa o denuncia de la Fiscalía o la propia Contraloría. Ahora, no tiene salida.

ProInversión, el aliado que hace mutis mientras dura la ‘privatización’

En este escenario, el papel de ProInversión resulta clave, ya que desde el Decreto de Urgencia 010-2025 la entidad asumió la responsabilidad de la reestructuración de Petroperú, una medida que especialistas del sector y trabajadores califican como una “privatización encubierta”.

No obstante, durante las últimas reuniones con el personal, el propio presidente del directorio ha presentado a la agencia del MEF como un “aliado” estratégico de la empresa.

Para una fuente externa a la petrolera, esta dualidad abre interrogantes “sobre si ProInversión respalda o, al menos, tolera las decisiones” que han marcado el rumbo actual de la primera empresa del país.

¿Enroques en Petroperú tras el fracaso de la auditoría?

Movimientos recientes en la Gerencia Logística, con el aval de la Gerencia de Administración, son señalados al interior de la petrolera como un reconocimiento a quienes impulsaron la decisión de retrotraer el proceso de auditoría forense.

Ello, pese a que el informe de Contraloría no solo establece recomendaciones formales, sino que su cumplimiento resulta obligatorio para los funcionarios responsables, quienes podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales en caso de incumplimiento.

Asimismo, la emisión de esta Orientación de Oficio blinda el proceso de auditoría forense, impidiendo que quede sujeto a decisiones individuales y asegurando que permanezca bajo fiscalización directa del órgano de control.