Una carta enviada el pasado fin de semana por Ángel Delgado Flores, director del proyecto reestructuración Petroperú en ProInversión, ha caído como un baldazo de agua fría en el directorio de la estatal.
El oficio ordena al directorio y a la gerencia general abstenerse de aprobar o firmar contratos, adendas u obligaciones financieras que comprometan flujos futuros, salvo para la operación corriente ya presupuestada.
El propio ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, ya había anticipado públicamente este giro en el control sobre las decisiones clave de la empresa.
Tampoco debería sorprender: el Decreto de Urgencia N° 010-2025, publicado en diciembre de 2025, otorga a ProInversión el control sobre la reorganización patrimonial de Petroperú.
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ProInversión toma la posta: gerentes y directores desplazados por el MEF
En adelante, la agencia del MEF asume la supervisión y ejecución directa de todas las adquisiciones de crudo, derivados y otros insumos críticos, desplazando al directorio de la toma de decisiones sobre la operatividad de la empresa.
Gerentes recientemente repuestos en Petroperú se ven directamente afectados por la pérdida de poder de decisión y muestran especial descontento ante el avance de ProInversión sobre las facultades del directorio.
El documento exigía el envío, en un plazo máximo de 48 horas, de un inventario detallado de todas las compras y compromisos financieros en curso o negociación, para su evaluación y posible traslado al ámbito de ProInversión.
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El carácter obligatorio de las instrucciones deja al directorio sin margen de maniobra, ya que cualquier acción contraria puede derivar en responsabilidades legales.
El rescate financiero, atado al control absoluto del decreto privatizador
Como se recuerda, el Decreto de Urgencia N° 003-2026, emitido en mayo de 2026, autoriza un respaldo financiero de hasta 2.000 millones de dólares mediante deuda para la compra de crudo bajo fideicomiso, pero condiciona el rescate a la vigencia del DU 010-2025.
Fuentes internas indican que el presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu, y otros miembros muestran molestia ante la pérdida abrupta de autonomía y poder de decisión, sobre todo cuando será la petrolera, y no el Estado, la que se vuelva a endeudar.
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Incluso una parte de los trabajadores dejó de batallar contra el decreto de la “reorganización” con la esperanza de que el presidente José Balcázar lo derogara y otorgara un rescate. Al final, uno condiciona al otro, y están atados de manos.
Desde el directorio se exploran respuestas institucionales, incluyendo gestiones a través del área legal responsable encabezada por Iván Montoya, aunque la capacidad de reacción es limitada por la falta de acciones previas contra los decretos que habilitaron el control de ProInversión.
La auditoría forense en Talara, ¿Va o no va?
El presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, se presentó recientemente en el Congreso y manifestó su desacuerdo con la auditoría forense interna a la refinería de Talara, argumentando que este proceso podría afectar la imagen internacional y la estabilidad financiera de la empresa.
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Según el profesional de ESAN, solo corresponde realizarlo si existen pruebas claras de delito, debiendo canalizar cualquier denuncia a la Fiscalía o la Contraloría.
Luego se retractó y aclaró que se trataba únicamente de una “opinión personal” y no de una decisión institucional, y aseguró que respetará lo que disponga el directorio sobre la continuidad del proceso.
Sin embargo, documentos a los que accedió este medio revelan que meses antes, la Gerencia de Cumplimiento de Petroperú ya había elaborado un informe técnico recomendando continuar con la contratación del análisis forense.
Lizarzaburu enfrenta dictámenes de su propia área de cumplimiento
Los documentos señalan que suspender el proceso generaría riesgos para la transparencia, la reputación y la confianza pública, además de eventuales contingencias legales y contractuales.
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El informe destacaba que la decisión de avanzar con la auditoría proviene de un acuerdo formal del directorio, que no existe impedimento legal para su contratación.
Además, asegura que el concurso se mantiene vigente pese a las postergaciones y a la anulación, en abril de 2026, de la adjudicación a la consultora brasileña Alvarez & Marsal, que ganó la buena pro en noviembre pasado. No es que se haya caído: el proceso se ha retrotraído a foja cero.
Así, mientras el presidente advertía sobre riesgos reputacionales internacionales en su presentación ante el Congreso, la propia institucionalidad de Petroperú, a través de su área de cumplimiento, había sostenido meses antes que suspender la auditoría alimentaría la desconfianza y afectaría la imagen y la transparencia de la empresa.
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