La demora en la instalación de mesas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 no se originó únicamente el día de la votación. El informe de la Contraloría General de la República reconstruye una secuencia previa de decisiones dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que alteró la distribución de material electoral y equipos informáticos en Lima Metropolitana y Callao.
Según el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la ONPE solicitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales para una jornada de capacitación realizada el 5 de abril, sin asegurar que estos retornaran dentro del plazo necesario para ser incorporados al despliegue electoral. Esa demora obligó a modificar rutas y horarios en la etapa final del proceso.
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Equipos usados para capacitación y una devolución fuera de plazo
El informe señala que los equipos informáticos electorales tenían un cronograma definido para su preparación, configuración y posterior distribución hacia los locales de votación. Su disponibilidad era clave porque formaban parte del soporte necesario para la jornada del 12 de abril.
Sin embargo, parte de esos equipos fue destinada a actividades de capacitación previas a la elección. La Contraloría advierte que esa decisión fue adoptada pese a que el cronograma ya exigía contar con los equipos para el armado final del material electoral.
El problema apareció cuando esos equipos no retornaron a tiempo. Según el documento, la ONPE debió reordenar su operación logística en los días previos a la votación, cuando ya había poco margen para corregir retrasos sin afectar la entrega de materiales.
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La observación central de la Contraloría apunta a que los funcionarios involucrados conocían los plazos del proceso electoral. Aun así, permitieron el traslado de equipos para capacitación sin garantizar su devolución oportuna. En una elección, ese tipo de demora no queda dentro de una oficina: se traslada a rutas, locales, mesas y electores.
La reprogramación a menos de 24 horas de la elección
El punto más crítico ocurrió el 11 de abril, un día antes de la votación. De acuerdo con el informe, a las 16:28 horas se aprobó la reprogramación de 43 rutas vinculadas a 553 locales de votación y 8.261 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y Callao.
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La Contraloría sostiene que esa reprogramación se hizo cuando ya no existía un margen operativo razonable. El documento indica que a cada ruta se le asignó un tiempo estimado de entre tres horas y media y cuatro horas, pese a que el traslado requería al menos ocho horas para ejecutarse adecuadamente.
Ese desfase es clave para entender lo que ocurrió después. La distribución del material electoral terminó realizándose en horarios muy ajustados e incluso durante la madrugada del día de la elección. En varios casos, los vehículos llegaron a los locales fuera del rango previsto.
El informe no presenta el retraso como un accidente aislado, sino como el resultado de una cadena de decisiones: equipos usados fuera del cronograma crítico, retorno tardío, modificación de rutas y despacho de material en una ventana de tiempo insuficiente.
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Mesas afectadas y electores sin votar
La consecuencia más visible fue la demora en la instalación de mesas. Según la Contraloría, el despliegue de equipos y materiales llegó tarde a 3.605 mesas de sufragio. Además, 187 mesas no lograron instalarse durante la jornada electoral del 12 de abril.
El informe concluye que esta situación afectó el derecho de sufragio de 55.261 electores de Lima Metropolitana y Callao. No se trató solo de retrasos administrativos o de una falla logística interna: el impacto llegó directamente al ciudadano que debía votar.
El documento también recoge información sobre locales que recibieron material fuera de hora y comunicaciones vinculadas a zonas afectadas por la demora. Además, consigna que el Jurado Nacional de Elecciones tomó conocimiento de retrasos en mesas de sufragio que involucraron a más de un millón de electores dentro de locales donde se reportaron incidencias.
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Para la Contraloría, la ONPE tenía la obligación de asegurar que el material electoral y los equipos informáticos estuvieran disponibles dentro de los plazos establecidos. La falla, según el informe, estuvo en permitir movimientos logísticos previos sin garantizar que no comprometieran la operación final.
La primera vuelta dejó imágenes de electores esperando, mesas que no se instalaban y locales con retrasos. El informe de Contraloría ahora plantea una explicación de fondo: antes de que abrieran los centros de votación, la logística ya había sido desordenada.
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