
El consejero Francisco Távara Córdova dejó de integrar la Junta Nacional de Justicia el pasado martes 19 de mayo tras cumplir la edad de 75 años. María Teresa Cabrera, cuestionada presidenta de la institución, firmó la resolución con la que lo cesa, según fuentes de Infobae.
De acuerdo con las mismas fuentes, Távara llegó a presentar una carta antes de su cumpleaños y de ahí no se supo más de él: su perfil en el portal de la JNJ fue eliminado y dejó de participar en diligencias del Pleno de la institución, como en audiencias.
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El exjuez supremo y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había dicho en varias oportunidades que dejaría el cargo de consejero al cumplir los 75 años. Esto a fin de no generar controversia o conflictos con otros poderes del Estado.
Francisco Távara se refería así a la polémica que existió respecto a la permanencia de Inés Tello en la anterior JNJ. Ella permaneció en el cargo tras cumplir 75 años en base a un informe de Servir que concluyó que cumplir dicha edad no es causal de cese. También se fijó que el rango etario de 45 a 75 años solo aplica al momento de postular.
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Voz discordante
Francisco Távara ha sostenido posturas discordantes en distintos procesos clave dentro de la institución. Por ejemplo, en el debate sobre la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la JNJ decidió apartarlo por considerar que había expresado públicamente su posición, lo que fue interpretado como un adelanto de opinión.
Távara declaró en medios que no correspondía que la JNJ votara sobre la nulidad de la destitución contra Patricia Benavides mientras el caso seguía judicializado. Afirmó que, de haber participado, su voto habría sido contrario a la anulación, remarcando que la JNJ no debía intervenir en expedientes con controversia judicial pendiente.
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En relación al caso de la exfiscal Patricia Benavides, Távara expresó su desacuerdo con la decisión de devolverle el cargo, argumentando que el pleno de la JNJ actuó de forma apresurada y sin el análisis adecuado para una cuestión de esa trascendencia institucional.

En el caso de Oswaldo Ordóñez, la JNJ decidió por mayoría no ratificarlo como juez superior de la Corte de Lima. Francisco Távara y Jaime de la Puente fueron los únicos miembros de la JNJ que votaron a favor de la continuidad de Ordóñez. El resto del pleno, encabezado por Cayo Galindo y respaldado por María Teresa Cabrera, Víctor Chanduví y Gino Ríos, argumentó que Ordóñez había comprometido su independencia judicial al denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las llamadas “leyes procrimen” promovidas por el Congreso peruano y el Ejecutivo.
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Távara discrepó con esta interpretación, señalando que los pronunciamientos de jueces sobre problemáticas institucionales no constituyen necesariamente un adelanto de opinión ni justifican la no ratificación, sobre todo cuando el resto de la evaluación de Ordóñez resultó satisfactoria. Además, sostuvo que la decisión de la JNJ resultaba desproporcionada, ya que no se documentaron episodios concretos de parcialidad en el ejercicio jurisdiccional del magistrado. Agregó que la no ratificación tenía carácter sancionatorio y, por tanto, debía observarse el debido proceso, ya que Ordóñez ya enfrentaba una investigación preliminar por el mismo motivo en la JNJ.
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