Falsedades, verdades e imprecisiones sobre Roberto Sánchez y Juntos por el Perú

Con la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio de 2026, las verificaciones de PerúCheck acumularon un patrón: desmentidos, matices e imprecisiones en afirmaciones atribuidas a Roberto Sánchez y a figuras del entorno de Juntos por el Perú (JPP), desde encuestas apócrifas hasta narrativas de “fraude” y debates sobre el Banco Central de Reserva (BCR).

Los participantes de la segunda vuelta ya están definidos. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori continuaron la carrera hacia el sillón presidencial del Perú, en una campaña atravesada por desinformación electoral en redes y por declaraciones políticas que exigieron contraste con documentos, estadísticas oficiales y marcos legales vigentes.

En los últimos meses, el portal de verificación revisó afirmaciones y contenidos atribuidos no solo al candidato de JPP, sino también a postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados del partido, además de aliados políticos. El objetivo, según el propio enfoque del sitio, fue ordenar un panorama informativo basado en hechos verificables y fuentes trazables.

Encuestas apócrifas y manipulación digital de sondeos

Uno de los focos de mayor circulación de contenido dudoso estuvo en la publicación de supuestas encuestas. A inicios de año, se difundió masivamente un gráfico que ubicaba a Roberto Sánchez en el primer lugar con 17% de intención de voto. El problema no fue solo el porcentaje: el material no incluía encuestadora identificable ni ficha técnica que permitiera evaluar metodología, muestra y fecha de levantamiento.

Tras contrastar con fuentes oficiales y requisitos del Reglamento del Registro de Encuestas Electorales, PerúCheck concluyó que el sondeo carecía de autoría y de ficha técnica, por lo que la pieza viral resultó falsa. En términos periodísticos, el hallazgo apuntó al mecanismo usual de estas piezas: simulan formato de estudio para inducir credibilidad, pero omiten los elementos mínimos de verificación.

Antauro Humala, la “religiosidad andina” y un video reciente

Otro eje de verificación se activó por un video en el que el líder etnocacerista Antauro Humala hablaba de reemplazar el culto tradicional por la “religiosidad andina” y mencionaba la idea de una iglesia Tahuantinsuyana. En ese contexto, Roberto Sánchez sostuvo que esas declaraciones correspondían al pasado y citó como referencia una mención previa: “también lo ha dicho el año 2022”.

La revisión cronológica de la pieza audiovisual llevó a PerúCheck a una conclusión distinta: el registro era reciente dentro del ciclo electoral, y la afirmación de que se trataba de un dicho antiguo no se sostenía frente a la evidencia temporal del video. El caso dejó un punto claro: cuando el debate depende de la fecha, la verificación no es opinable, sino documental.

Cifras sociales y precisión estadística en salud y seguridad

Las verificaciones también alcanzaron a candidaturas vinculadas a Juntos por el Perú. En una entrevista, la candidata al Senado Anahí Durand Guevara afirmó que 52% de la población peruana padecía anemia. PerúCheck consultó indicadores de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI y determinó que esa cifra, planteada como dato de toda la población, era falsa.

El contraste incorporó un matiz técnico central: la anemia se reporta por grupos etarios y poblaciones vulnerables; no se proyecta como porcentaje único para toda la población. En ese marco, el sitio sostuvo que hay segmentos con registros altos —como niños menores de 36 meses, donde el indicador puede acercarse a cifras elevadas—, pero no como generalización para el total nacional.

En el mismo paquete de chequeos, Durand acertó en otro dato: al afirmar que 40% de las personas en Juliaca había sido víctima de algún delito. Al revisar el Módulo de Seguridad Ciudadana del INEI, la verificación corroboró que la tasa de victimización en esa ciudad coincidía con los picos oficiales.

BCR, Constitución de 1979 y la disputa por la “autonomía”

En economía institucional, el debate giró alrededor del BCR. Antauro Humala, aliado de JPP, sostuvo que el Banco Central ya contaba con autonomía e institucionalidad técnica bajo la Constitución de 1979. El contraste con el texto constitucional llevó a una calificación de impreciso: hubo sustento parcial, pero el concepto de autonomía exigía más contexto.

En ese punto, el chequeo incorporó una precisión atribuida a la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, quien diferenciaba entre autonomía efectiva y una autonomía “meramente simbólica” si quedaba subordinada a una ley ordinaria. En esa lectura, el diseño permitía presión política, emisión monetaria sin respaldo y efectos macroeconómicos que en Perú se asocian al cierre de los años ochenta.

Castillo, “golpe de Estado” y una interpretación jurídica discutida

La candidata a diputada Zaira Arias aseguró que el Poder Judicial concluyó de forma definitiva que Pedro Castillo “no dio un golpe de Estado” el 7 de diciembre de 2022. PerúCheck revisó resoluciones de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y calificó la frase como imprecisa, al señalar que se ratificaron procesos vinculados a rebelión y quebrantamiento del orden constitucional, lo que no respaldaba la interpretación de cierre definitivo.

En esa verificación, el abogado penalista Luis Yshií, profesor de derecho penal de la PUCP, explicó que la conspiración es una figura “sui géneris” porque adelanta la punibilidad en delitos graves contra el orden constitucional. También advirtió un punto técnico: la justicia no evalúa categorías políticas, sino tipos penales, por lo que puede haber actos penalmente relevantes aunque el hecho no se haya consumado en términos políticos.

Narrativas de “fraude” y plazos incumplidos en Cajamarca

El balance incluyó un episodio interno: militantes de Juntos por el Perú denunciaron un supuesto “fraude y bloqueo” tras quedar fuera de la contienda al Senado regional en Cajamarca. La verificación auditó la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones y concluyó que la omisión respondió a que la personería legal del partido no inscribió la lista dentro de los plazos, por lo que la acusación carecía de sustento.