
El Gobierno de Perú descartó la inyección directa de capital a Petroperú y, en su lugar, anunció que solo otorgará un aval para que la petrolera estatal siga endeudándose, pese a que esta medida incrementa el riesgo financiero de la empresa y la acerca más a una situación de insolvencia.
El anuncio implica un cambio de rumbo frente a las expectativas iniciales de un rescate financiero, en un contexto donde el futuro de la compañía sigue en entredicho y la posibilidad de privatización cobra fuerza.
Petroperú: PCM descarta el rescate y apuesta por avales
En diálogo con Exitosa Noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, explicó que Petroperú atraviesa una situación crítica por el desgaste institucional y el deterioro de sus finanzas.
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Según Arroyo, la empresa cumple un rol estratégico en el abastecimiento de combustibles en zonas donde el sector privado no tiene presencia, especialmente en el denominado “Perú profundo”.

El premier reconoció que se había especulado sobre la suspensión del Decreto de Urgencia 010-2025, pero afirmó que no se suspenderá por tratarse de una compañía clave para el país.
Arroyo planteó que, ante la eventual desaparición de Petroperú, miles de personas quedarían desatendidas ya que la “empresa privada difícilmente llegaría a esas regiones”.
MEF se mantiene al margen de un salvataje financiero
Al consultarle si se usarían fondos públicos para respaldar a la empresa, Arroyo aclaró: “De los fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), definitivamente, no va a salir. Va a salir [el rescate] como ciertas garantías que vamos a tener de otro tipo de fondos”.
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A su vez, adelantó que en la próxima semana se dará a conocer la estrategia para manejar Petroperú en lo que resta del periodo gubernamental, señalando que se busca una “salida diferente” al reflotamiento tradicional.

Originalmente se discutía un préstamo estatal de 500 millones de soles, aunque luego, en reuniones de alto nivel, se planteó la posibilidad de una inyección de hasta 2.000 millones de dólares para mejorar el ratio patrimonial y alejar el riesgo de insolvencia.
Sin embargo, el nuevo anuncio echa por tierra estas negociaciones y mantiene a la petrolera en una posición financiera delicada, con un ratio patrimonial cercano al 55%, muy próximo al umbral legal de insolvencia.
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La privatización gana terreno ante la falta de unidad en Petroperú
En la víspera, el Consejo de Ministros tuvo una sesión con la presencia del presidente José María Balcázar, quien casi no participó, a diferencia del premier Arroyo.
Sin embargo, no se discutió ninguna medida de apoyo financiera a Petroperú, sino que solo se agendó una presentación del plan de reestructuración y escisión de activos a cargo de ProInversión.

Esta presentación coincidió con la publicación en medios del denominado "Plan de Promoción de la Inversión para Petroperú" el mismo día. Los trabajadores la petrolera, que ponían todos sus reflectores sobre esa reunión previa a la Semana Santa, se sienten engañados.
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Sin embargo, las divisiones entre los sindicatos de Petroperú, con un sector alineado al presidente del directorio, Roger Arévalo, han debilitado cualquier intento de presión unificada, neutralizando la posibilidad de exigir con fuerza una inyección directa de capital y mostrando la falta de cohesión interna ante la crisis.
Trabajadores rechazan continuidad del DU N.º 010-2025
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) cuestionó la decisión del Gobierno de no suspender el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, norma que establece la reestructuración de Petroperú, y advirtió que esta medida, sumada al anuncio de nuevas garantías estatales para acceder a endeudamiento, incrementa el riesgo de privatización de las unidades de la empresa estatal a partir de julio.
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Jaime Ramírez Flor, dirigente del STAPP, señaló que, según lo anunciado por ProInversión, la vigencia del decreto permitirá avanzar en la transferencia de activos estratégicos, lo que representa una amenaza directa a la integridad patrimonial y al rol de Petroperú como pilar de la seguridad energética del país.
El sindicato insistió en que avalar nuevas operaciones de endeudamiento sin haber resuelto los problemas estructurales de la empresa solo posterga la crisis y aumenta la vulnerabilidad financiera de la primera empresa del país.

Entre los puntos críticos, el STAPP subrayó la falta de un plan integral de reestructuración que contemple el reordenamiento financiero sostenible, la mejora de la gobernanza institucional, la aplicación de criterios meritocráticos en la designación de directivos y el blindaje frente a la injerencia política.
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Asimismo, reiteró la necesidad de una auditoría forense para investigar y esclarecer responsabilidades sobre decisiones previas que han perjudicado gravemente la situación de la petrolera.
El STAPP también manifestó que la proximidad del proceso electoral no debe ser pretexto para la inacción y urgió al Ejecutivo a adoptar medidas responsables que garanticen la continuidad y el fortalecimiento de Petroperú.
Finalmente, el gremio advirtió que la brecha entre el discurso oficial y las acciones concretas evidencia una falta de voluntad política, lo que podría comprometer el futuro de la principal empresa estatal de hidrocarburos del país y tener consecuencias más allá del ámbito empresarial.
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