La vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, fue allanada este 12 de mayo, tras la denuncia de una presunta red criminal dedicada a la presunta venta ilegal de espacios públicos a ambulantes en Gamarra, el emporio comercial más importantes del país.
Según informaron Canal N y América TV, la investigación fiscal apunta a que Cano y al menos 14 funcionarios municipales habrían dirigido una organización delictiva acusada de recaudar 75 millones de soles a través del cobro sistemático de cupos a ambulantes en esta zona.
La acción conjunta, desarrollada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, expuso la existencia de la presunta organización criminal denominada Los Pulpos de La Victoria.
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De acuerdo con la información proporcionada por Canal N, el operativo incluyó la detención preliminar de catorce funcionarios, quienes permanecerán bajo custodia durante quince días, mientras se revisan los documentos incautados en los allanamientos.
La Fiscalía, representada por el fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, lideró las diligencias junto a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.
La estructura detrás
La investigación fiscal sostiene que la organización comenzó a operar entre fines de 2023 y 2024, infiltrando la unidad de fiscalización municipal. Esta área, oficialmente encargada del ordenamiento del comercio ambulatorio, habría funcionado como fachada para exigir pagos diarios a los vendedores informales de Gamarra.
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Los montos cobrados iban de diez a veinte soles diarios, dependiendo del cuadrante y del tamaño del puesto, permitiendo a los ambulantes mantener sus espacios en la vía pública.
Se detalló que la estructura incluía la lotización y posterior venta de espacios públicos, con amenazas de retiro para quienes no cumplieran con los pagos. Según la tesis fiscal, el propio alcalde Cano tenía conocimiento directo de estas actividades, otorgando su anuencia para la designación y accionar de los funcionarios involucrados.
El Ministerio Público estima que la red criminal recaudó aproximadamente 75 millones de soles en menos de dos años.
Consolidación de la red
La carpeta fiscal, que supera las quinientas páginas, documenta cómo tras el desalojo del parque Canepa, personas vinculadas a la organización fueron contratadas como fiscalizadores municipales.
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Esta maniobra habría facilitado la consolidación de la estructura delictiva en la administración local. América TV recogió declaraciones del fiscal Córdova, quien explicó que la contratación de personas no idóneas para el cargo de fiscalizadores permitió desplazar a ambulantes ajenos a la organización y asegurar la recaudación ilícita.
El Ministerio Público sostiene que, si bien la intervención municipal se presentó como una medida para erradicar el comercio informal, en realidad sirvió para negociar con los vendedores y garantizar ingresos ilegales para la red. Las investigaciones incluyen informes policiales, seguimientos, escuchas telefónicas y testimonios de colaboradores eficaces, quienes describieron el funcionamiento interno de la organización.
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El modus operandi
El fiscal Córdova explicó que los agentes fiscalizadores recorrían diariamente las calles y avenidas de Gamarra, donde cobraban cuotas diarias a los ambulantes a cambio de permitirles ocupar espacios públicos.
Los cuadrantes, delimitados en áreas de tres a cinco metros cuadrados, se comercializaban bajo la amenaza de perder el espacio asignado si no se cumplía con el pago estipulado. El radio de acción principal de la red se concentraba en los sectores denominados Damero A y B, donde la alta densidad comercial y el flujo constante de ambulantes facilitaban el esquema de extorsión.
Entre los principales implicados figura Rubén Cano, quien permanece bajo investigación en calidad de presunto cabecilla de la red. La crisis institucional en la Municipalidad de La Victoria se profundizó tras la detención de varios de sus funcionarios de confianza. Hasta el momento, la autoridad edil no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones.
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La Fiscalía continúa con el análisis de la documentación incautada y la revisión de los contratos de personal municipal, mientras que los funcionarios detenidos permanecen bajo custodia. El caso sigue abierto, con la expectativa de nuevas revelaciones sobre la presunta red de corrupción que operó en el corazón de Gamarra.
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