La madrugada de este martes 12 de mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público ejecutaron un operativo en el distrito de La Victoria, en Lima, que incluyó el allanamiento de la vivienda del alcalde Rubén Cano y la detención de al menos 14 funcionarios municipales. La acción responde a una investigación que vincula a la actual gestión edil con presuntos cobros de cupos y corrupción en el manejo de espacios públicos para el comercio ambulatorio en la zona de Gamarra.
Según reportó Canal N, la Fiscalía sostiene que estos hechos están relacionados con la presunta organización criminal denominada 'Los Pulpos de La Victoria’.
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La investigación, liderada por el fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, forma parte de una operación conjunta de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.
Organización criminal enquistada en la municipalidad
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización habría operado desde fines de 2023 y durante 2024, infiltrando el área de fiscalización municipal. Esta unidad, oficialmente dedicada al ordenamiento del comercio ambulatorio, habría servido de fachada para exigir pagos diarios a los vendedores ambulantes que ocupan espacios en el emporio comercial de Gamarra.
La tesis fiscal estima que la red criminal recaudó aproximadamente 75 millones de soles producto de estos cobros ilícitos en menos de dos años. Los agentes de fiscalización, lejos de cumplir una función de control, habrían organizado la “lotización” y posterior venta de espacios públicos, cobrando sumas que variaban entre diez y veinte soles diarios a cada comerciante.
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Según el Ministerio Público, el alcalde Rubén Cano habría tenido conocimiento directo de las actividades de la organización, otorgando su anuencia para que los funcionarios ejecutaran los cobros.
La detención, autorizada por el Poder Judicial, tendrá una duración de quince días mientras avanzan las diligencias y se revisan los documentos incautados durante los allanamientos.
Dentro de la carpeta fiscal, que supera las quinientas páginas, se incluye el caso del desalojo del parque Canepa, ocurrido en la actual gestión. Según testimonios de colaboradores eficaces, tras el desalojo del espacio público, personas vinculadas a la organización criminal fueron contratadas como fiscalizadores municipales. Esto permitió consolidar la estructura delictiva en la administración local.
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El Ministerio Público sostiene que la intervención se orientó a erradicar el comercio informal, pero en realidad se habría utilizado para negociar con los ambulantes y asegurar ingresos ilegales para la red. Las investigaciones también apuntan a la contratación de personal con antecedentes de vínculos con la organización, reforzando la hipótesis de una estructura criminal enquistada en el municipio.
¿Cómo operaban?
El fiscal Carlos Angelino Córdova, explicó que los agentes fiscalizadores designados recorrían diariamente las calles, jirones y avenidas de Gamarra, pero en vez de controlar el comercio informal, cobraban cuotas diarias a los ambulantes a cambio de permitirles ocupar espacios públicos.
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Los montos cobrados variaban entre diez y veinte soles por día, dependiendo del cuadrante y del tamaño del espacio. Esta práctica era sistemática y se extendía por toda la zona comercial, especialmente en los sectores conocidos como Damero A y B.
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