Una reciente reforma aprobada por el Congreso de la República ha modificado la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, ampliando el alcance y la eficacia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI.
La nueva normativa, vigente desde el 8 de mayo de 2026 en todo el país, otorga mayores facultades para frenar prácticas irregulares en la administración pública y acelerar la eliminación de obstáculos burocráticos, según un análisis realizado por Stucchi Abogados.
De acuerdo con el estudio, la reforma representa un cambio sustancial para empresas, ciudadanos y funcionarios, al autorizar que la erradicación de trabas sin respaldo legal se aplique de manera inmediata y general, es decir, no solo para quien presenta la denuncia, sino para todos los afectados en situaciones similares.
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Efectos inmediatos y alcance general para combatir barreras “de hecho”
El análisis de Stucchi Abogados destaca que la reforma extiende la figura de la “inaplicación con efectos generales” a actuaciones materiales, es decir, a prácticas concretas de funcionarios que carecen de sustento normativo.
Antes, la herramienta solo se utilizaba para normas escritas, pero ahora también abarca exigencias o requisitos inventados en trámites cotidianos, como la solicitud de documentos no contemplados en la regulación vigente.
Cuando la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declara ilegal una barrera burocrática sin base legal, esa decisión se vuelve obligatoria para todos los casos semejantes.
De este modo, se impide que funcionarios repitan la misma práctica irregular frente a distintos ciudadanos o empresas, cerrando así una brecha que, hasta ahora, permitía la reincidencia de estas conductas.
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Además, la modificación introduce una sanción automática en caso de reincidencia. Si, tras haberse eliminado una traba con efectos generales, un funcionario vuelve a imponerla, se activa el régimen sancionador del Decreto Legislativo 1256.
El proceso se inicia con una denuncia informativa de incumplimiento de mandato, lo que agiliza la respuesta ante la repetición de prácticas prohibidas.
Apelaciones sin efecto suspensivo y control político en la litigiosidad
Otro de los cambios más relevantes radica en el procedimiento de apelación dentro de INDECOPI. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, la apelación deja de suspender automáticamente la ejecución de la resolución que ordena eliminar una barrera burocrática.
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Ahora, salvo contadas excepciones justificadas formalmente, la eliminación debe realizarse de inmediato, lo que agiliza la liberación de trámites y reduce los tiempos de espera para ciudadanos y empresas.
Según el análisis legal, esta novedad elimina un mecanismo que solía ser utilizado para retrasar el cumplimiento de los mandatos de INDECOPI, fortaleciendo la ejecución efectiva de sus decisiones.
Pero la reforma también incorpora mayor control político sobre la litigiosidad en gobiernos locales y regionales. Para que una municipalidad o gobierno regional pueda presentar una demanda judicial contra una resolución de INDECOPI, se requiere una autorización expresa y personal del titular del gobierno (alcalde o gobernador) y la obligación de informar al consejo en los 30 días hábiles posteriores.
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Sin este aval, la demanda no será admitida. Esta medida busca limitar los litigios rutinarios que solo pretenden demorar el cumplimiento de las resoluciones administrativas.
Cambios en el control judicial y transición normativa
Finalmente, el texto de la Ley N° 32587 modifica las reglas sobre el control judicial de las decisiones administrativas. Antes, la autorización del Consejo de Ministros era necesaria solo para impugnar resoluciones de segunda instancia.
Ahora, se exige esta autorización para recurrir cualquier resolución firme dictada por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas o la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, ampliando el alcance del control político sobre los procesos judiciales.
Para los trámites en curso iniciados antes del 8 de mayo de 2026, la norma establece que seguirán bajo el régimen anterior, aunque la autoridad competente podrá decidir aplicar la nueva regulación según la fecha de inicio de cada procedimiento, mediante un análisis caso por caso.
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Según Stucchi Abogados, estos cambios afectan de forma directa los procedimientos dentro de INDECOPI y buscan fortalecer la capacidad del Estado para erradicar prácticas burocráticas sin sustento legal.
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