Cardenal Carlos Castillo reprocha al Ejército por masacre de civiles en Huancavelica: “No cumplieron con su deber y mataron”

El cardenal afirmó que los militares actuaron con “prejuicio y sin verificación”, y condenó la muerte impune de los jóvenes en Colcabamba

Guardar

Ricardo Acuña Quispe denunció que militares lo obligaron a autoinculparse por tráfico de drogas bajo amenaza de muerte tras el operativo en Colcabamba. Cinco personas murieron durante la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona del VRAEM. Epicentro TV

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, reprochó este domingo al Ejército por la matanza de cinco civiles, entre ellos un joven de 18 años, en un paraje de Colcabamba, en la región Huancavelica.

Durante la misa celebrada en la catedral de la capital, el purpurado alzó la voz para honrar la memoria de los fallecidos “a consecuencia de los disparos de sectores de la Fuerza Armada que, desgraciadamente, no cumplieron su deber”.

PUBLICIDAD

“En vez de verificar, hicieron un prejuicio y mataron a estos chicos en forma impune. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y los muchachos asesinados en Colcabamba: Cristian Águila, William Núñez, Jaime Vendezú, Wilder Romero y Nilson Montenegro”, añadió.

Castillo, quien en el pasado declaró “un día de duelo” tras las protestas antigubernamentales en Lima que dejaron un manifestante fallecido y decenas de heridos, volvió a mencionar a las víctimas en dos momentos del rito.

PUBLICIDAD

Cardenal Carlos Castillo
Testimonios de sobrevivientes describen un ataque prolongado contra una camioneta civil, con disparos repetidos incluso cuando los ocupantes ya estaban neutralizados o fingiendo estar muertos

La semana pasada, un escuadrón militar disparó contra una camioneta con ocho civiles en la zona de Puente Mellizo y, según un informe revelado el viernes por Hildebrandt en sus trece, creyó haber matado a todos los ocupantes. Sin embargo, dos sobrevivientes, Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, fingieron estar muertos durante casi dos horas hasta la llegada de la Policía y la Fiscalía.

“Nos empezaron a caer balas de todos lados. Salían de los arbustos ráfagas de disparos. El chofer se dobló mientras manejaba. Le dispararon. Pasamos por una zona de puras piedras y nos detuvimos en el matorral, pero continuaban los disparos. Descansaban, regresaban, abrían la puerta, se alejaban y seguían disparando”, relató este último.

“Yo me quedé quieto, escuchando todo. Abrían y cerraban la puerta a cada rato, caían los vidrios del parabrisas. En un momento uno dijo: ‘Mi sub, aquí no hay nada, no hay droga’. Otro respondió que quizá se habían confundido de carro. Pensé que se iban, pero no, seguían ahí”, narró.

La versión oficial del Ejército sostiene que el escuadrón respondió a un supuesto ataque armado de presuntos narcotraficantes. No obstante, un informe policial recogido en la comisaría de Cotabamba contradice esa versión, según el semanario.

Un sobreviviente del operativo militar en Huancavelica cambió su versión y denunció que su primera declaración fue obtenida bajo amenaza. (Composición: Infobae)
Un sobreviviente del operativo militar en Huancavelica cambió su versión y denunció que su primera declaración fue obtenida bajo amenaza. (Composición: Infobae)

El documento señala que los testimonios de los soldados presentan “graves y fundados elementos de convicción que acreditan la conducta dolosa”. En el vehículo no se halló ningún arma de fuego, lo que desmiente la presunta amenaza letal mencionada por los militares.

Montenegro, uno de los fallecidos, era de nacionalidad colombiana y, según las autoridades de ese país, no tenía antecedentes judiciales. La patrulla estaba al mando del capitán Luis Montenegro, junto con el teniente Brayan Fernández y varios suboficiales.

El caso ha pasado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín. Aunque la Policía solicitó la detención preliminar de los militares involucrados, la fiscalía no pidió prisión y los soldados quedaron en libertad.

El abogado Anthony Crespo, representante de las víctimas, cuestionó la falta de diligencia: “Hubo negligencia por parte de la doctora y del Ministerio Público. Con lo que se tenía ya se podía solicitar una detención preliminar por siete días y no lo hizo. Por ese lado hubo una falta de efectividad”, dijo.