
La congresista y pastora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) generó este miércoles una ola de repudio en redes sociales tras difundirse fragmentos de las declaraciones ofrecidas en una entrevista reciente, donde admitió haber obligado a menores víctimas de violencia sexual a convertirse en madres con respaldo estatal.
Jáuregui participó la semana pasada en el pódcast Za Gente, transmitido por las plataformas de ILAD Media, y relató que hace una década abrió una “casa de refugio” a la que llegan niñas de entre 10 y 13 años que sufrieron abuso.
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“El Ministerio de la Mujer (MIMP) y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física, de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepienten (...) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”, señaló.
Aseguró que las menores reciben apoyo psicológico y emocional en su albergue, y después expresó su rechazo al aborto terapéutico, legal en el país desde hace un siglo.
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La legisladora también mencionó las razones por las que lideró, sin considerar las consecuencias letales para la niñez y adolescencia, una campaña contra la actualización de la guía de práctica clínica y de procedimientos en obstetricia y perinatología del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), documento que reconoce que el embarazo por violación en menores puede causar daño severo a la salud mental, lo que justifica legalmente la interrupción por indicación terapéutica.
“Me reuní con el ministro de Salud y lo que hicimos fue hacer de que ellos guarden ese protocolo interno y respeten la ley”, afirmó, equiparando el aborto legal con un crimen.
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Rechazo masivo
Las declaraciones provocaron una avalancha de rechazo en diversos ámbitos. Rossina Guerrero, de Promsex, expresó su asombro ante la “crueldad” de la parlamentaria y candidata a la reelección.
“Es una opinión terrible porque hay niñas que la escuchan, y con eso se refuerza la idea de que ellas no fueron víctimas; y si reclaman, pasan a ser consideradas delincuentes. Lo que hace la señora es deshumanizarlas y, por otro lado, mentir y negarles un derecho. Después de estas declaraciones, el Estado debe tomar cartas en el asunto, proteger a esas niñas y viabilizar que tengan una atención médica integral, psicológica y social. Parte de esa evaluación es considerar que una niña puede morir producto de un parto”, indicó a Infobae Perú.
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“Estamos hablando de niñas que han vivido un horror y que llegan al Estado —las pocas que logran hacerlo— para ser atendidas, pero terminan relegadas a un albergue donde se les dice que no son víctimas. A esas niñas indefensas el Estado les falló y les sigue fallando enviándolas a un lugar como este”, añadió.
La congresista Ruth Luque señaló que Jáuregui y “los fundamentalistas religiosos usan su fe como fundamento de sus opiniones políticas”, sin salvaguardar la vida en un país donde, solo en 2025, “21 adolescentes menores de 17 años fueron víctimas de violación y cada día tres niñas menores de 14 años debieron continuar embarazos”.
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“Defienden una ideología que sacrifica a las niñas y justifica al violador. Obligar a una niña a gestar no solo es violencia institucional, es prolongar el daño, destruir sus proyectos de vida”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
La abogada feminista Josefina Miró Quesada, por su parte, criticó al MIMP por entregar a niñas víctimas de violación a una mercenaria, como la calificó. “No le basta con reducir a niñas a ser solo un útero; amenaza sus vidas con un embarazo forzado y las obliga a maternar de por vida. Criminal”, publicó en la misma red social.
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La oficina de prensa del ministerio que encabeza Sandra Gutiérrez indicó que, por el momento, no existe un comunicado sobre el tema.
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