
El crimen de la pediatra Minosska Pinto Lazo en Piura dejó una serie de interrogantes que, con el avance de las investigaciones, empiezan a tomar forma dentro de un expediente fiscal que incorpora testimonios, registros digitales y evidencia material. La detención de presuntos sicarios permitió reconstruir una secuencia que apunta a una planificación previa y a la participación de varios actores con funciones específicas.
Desde el inicio, el caso transitó por distintas hipótesis. Sin embargo, la información reunida por la Policía Nacional y el Ministerio Público reorientó la investigación hacia un presunto encargo criminal articulado desde el entorno cercano de la víctima. La captura de los implicados y sus declaraciones ante la fiscalía marcaron un punto determinante en el proceso.
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En paralelo, el impacto del asesinato se mantiene en la comunidad médica y entre los pacientes de la doctora, quienes continúan con vigilias y actos públicos. Mientras tanto, las autoridades centran sus esfuerzos en validar las confesiones y consolidar las pruebas que sustenten las imputaciones.
Captura clave y rastreo de la red criminal
La intervención de Luis Alejandro Rojas Guillén, alias “Cara de Chancho”, permitió a los investigadores avanzar en la identificación de la estructura criminal. La policía lo ubicó tras 18 días de seguimiento en un bar de Piura, donde fue detenido luego de labores de inteligencia que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y redes sociales.
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Según fuentes policiales, su identificación resultó posible por la homologación de imágenes y el rastreo de su actividad digital. Las autoridades también señalaron que el detenido registraba antecedentes por delitos como robo agravado, tráfico de drogas y sicariato.
A partir de su captura, se establecieron conexiones con otros implicados vinculados a la banda conocida como “Los Monstruos del Norte”, lo que permitió delinear una red con roles definidos en la ejecución del crimen.
Roles definidos en la ejecución del asesinato
La fiscalía identificó al menos tres participantes directos en el ataque. Cristian Alberto Socola Bayona, alias “Ite”, cumplió la función de vigilancia. De acuerdo con su testimonio, recibió instrucciones precisas sobre la víctima: “El día 10 de abril a las trece horas recibí una llamada por parte de un desconocido quien me pidió que me trasladara hasta el colegio Don Bosco… iba a salir una chica con uniforme color verde y mochila color azul”.
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El arma presuntamente utilizada en el homicidio fue encontrada en el lugar donde se ocultaba Socola, dentro de un condominio que, según la investigación, fue alquilado por Sergio Junior Sevillano Gutiérrez, alias “El Viejo”.
Por su parte, Junior Francisco Miñan Seminario, alias “Muerte”, participó como conductor del vehículo de fuga. Los tres involucrados se trasladaron luego a Talara, trayecto que, según registros, fue financiado mediante transferencias digitales.
Transferencias y huellas digitales en la fuga
Uno de los elementos que fortalecen la investigación corresponde a los movimientos financieros posteriores al crimen. De acuerdo con información policial, alias “El Viejo” pagó el transporte de los implicados a través de la aplicación Yape.
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Una de las voces recogidas en el material audiovisual señala: “Alias el Viejo canceló a través de Yape el transporte que llevó a los tres involucrados hasta la ciudad de Talara luego que cometieron el crimen”. Este dato permitió a los agentes rastrear vínculos y reconstruir desplazamientos.
El uso de medios digitales dejó registros que ahora forman parte de la carpeta fiscal, junto con otras pruebas como chats entre los involucrados.
Las declaraciones de los detenidos incorporaron un elemento central: la mención a un supuesto autor intelectual. Según Socola, el encargo provenía de una persona identificada como “El Doc”, a quien vinculó con William Seminario Girón.
Otro de los implicados aportó detalles sobre el móvil. En su declaración indicó: “Luis Alejandro Rojas Guillén… me dijo que al Viejo lo había contratado la expareja de la chica… por infidelidad… por este trabajo me habían ofrecido diez mil soles”.
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Además, otro testimonio recogido en el expediente refuerza esa versión: “Hermano… la expareja ha hablado con un tal Viejo y ese Viejo había quedado conmigo que yo la mate”.
Entorno personal bajo investigación fiscal

La carpeta fiscal también incluye información sobre la relación entre la víctima y su expareja. Según el documento, existían conflictos económicos y personales. Se menciona la solicitud de préstamos por 15,000 dólares al suegro para cubrir problemas financieros en un centro médico.
También se consignan tensiones relacionadas con diferencias de ingresos y situaciones personales dentro de la relación.
Pese a las acusaciones, William Seminario Girón rechazó los señalamientos. En sus declaraciones afirmó: “Yo no estoy vinculado con lo que estén investigando… las investigaciones sobre el asesinato… de mi esposa”.
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Avance del proceso y evidencias en evaluación
Los tres autores materiales permanecen bajo custodia mientras la fiscalía analiza las pruebas reunidas. Entre los elementos clave figuran el arma incautada, los registros de transferencias y las conversaciones entre los implicados.
La audiencia programada para el 5 de mayo se perfila como una instancia relevante dentro del proceso judicial. La familia de la víctima y representantes del sector salud mantienen su exigencia de justicia en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Piura.
En paralelo, las autoridades continúan con la validación de las confesiones y la consolidación del expediente que será presentado ante el Poder Judicial.
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