En la mira. Un grupo de parlamentarios presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, para que responda ante el Pleno por el operativo militar ocurrido el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), que dejó cinco civiles muertos y dos heridos.
La iniciativa, que ya cuenta con más de 20 firmas, surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la versión oficial difundida inicialmente por el Ejército, que reportó un presunto enfrentamiento con narcoterroristas. Sin embargo, información posterior, testimonios recogidos en la zona y elementos de investigación han puesto en duda esta hipótesis.
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El documento advierte que no se registraron bajas ni heridos en el personal militar, lo que ha encendido alertas sobre un posible uso desproporcionado de la fuerza. En ese contexto, los legisladores consideran necesario determinar si la intervención se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen las acciones del Estado.
La moción se sustenta en el artículo 131 de la Constitución, que faculta al Congreso a convocar a los ministros para que rindan cuentas. De ser admitida, el titular del sector Defensa deberá responder un pliego de preguntas centrado en la planificación, ejecución y consecuencias del operativo.
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Testimonios contradicen versión oficia
La controversia se ha intensificado con los testimonios de familiares de las víctimas, quienes aseguran que los fallecidos eran jóvenes dedicados a la agricultura y sin vínculos con actividades ilícitas. Según estas versiones, se encontraban transitando por la zona tras participar en un campeonato de fútbol cuando ocurrió la intervención militar.
A estas declaraciones se suma el testimonio de un sobreviviente, quien denunció que su primera versión —en la que se le vinculaba con actividades ilegales— habría sido obtenida bajo amenazas. Este señalamiento ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las diligencias iniciales y el accionar de las fuerzas intervinientes.
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Desde el ámbito local, autoridades como el alcalde de Pucacolpa han respaldado la versión de los familiares, indicando que las víctimas regresaban de un campeonato de fútbol. También se ha puesto en duda la naturaleza del operativo, al señalar que no presentaba las características habituales de una intervención militar formal.
En paralelo, la defensa de las víctimas ha cuestionado la hipótesis de un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes, al indicar que en la escena no se hallaron armas ni sustancias ilícitas. Estos elementos han reforzado la presión política para que el ministro de Defensa explique lo ocurrido.
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Fiscalía investiga por homicidio calificado
En el plano judicial, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra ocho militares del Ejército y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de los cinco ocupantes de un vehículo intervenido en la vía Colcabamba–Ayacucho.
De acuerdo con las primeras indagaciones, los efectivos habrían ordenado la detención del vehículo y, ante una presunta negativa, habrían abierto fuego. La Fiscalía ha dispuesto pericias balísticas, pruebas de absorción atómica e incautación de evidencias para determinar responsabilidades.
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No obstante, uno de los puntos más cuestionados del caso es la liberación de los ocho militares detenidos, luego de que venciera el plazo de flagrancia sin que se solicitara una detención preliminar. Esta decisión ha sido criticada por la defensa de las víctimas, que considera que hubo una omisión en un momento clave del proceso.

Pese a ello, las investigaciones continúan, aunque sin resultados preliminares concluyentes al momento de la liberación. Esta situación también forma parte de los cuestionamientos que deberán ser aclarados en el ámbito político y judicial.
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Ministro solicita presentarse ante el Congreso en medio de crisis
En este contexto, el ministro de Defensa solicitó formalmente presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso para exponer las acciones de las Fuerzas Armadas y los avances de las investigaciones internas. El pedido fue remitido mediante oficio a la presidenta de dicho grupo de trabajo, congresista Karol Paredes.
El titular del sector expresó su disposición de asistir acompañado de su equipo técnico para detallar lo ocurrido en el operativo y responder a las inquietudes del Parlamento. Esta solicitud se produce luego de que no acudiera a una citación previa, en la que debía abordar otro tema vinculado a la adquisición de aviones de combate.
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