Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

El asesinato de cinco jóvenes a manos de un grupo de militares medio de un operativo militar antidrogas en Colcabamba, Huancavelica, generó la respuesta del presidente José María Balcázar, quien llamó a que se realice una investigación exhaustiva y transparente sobre el operativo militar. El mandatario lamentó públicamente la tragedia y pidió disculpas a las familias de las víctimas, además de subrayar la urgencia de esclarecer todas las responsabilidades.

“Yo creo que ahí hay que pedir que se ahondre las investigaciones. Si hay un proceso en giro, tiene que cumplirse, pero nosotros tenemos que lamentar las víctimas y pedir la disculpa del caso a los deudos”, indicó en conversación con Exitosa.

El mandatario aseguró que se tiene que hacer una investigación transparente que permita llegar a la conclusión qué es lo que pasó realmente durante el operativo en la zona del Vraem. “Es muy grave lo que está ocurriendo. Yo pido que se comunique nuestra predisposición para que la investigación sea a fondo y todas las críticas que lleguen vamos a procesar para ver de dónde vino la responsabilidad, por negligencia o no negligencia, por forma dolosa, lo que fuere”, indicó Balcázar.

Según las versiones actuales, cuando militares abrieron fuego contra la camioneta en la que se transportaban las víctimas, no se encontraron armas ni droga en el vehículo, lo que ha profundizado las dudas sobre la legalidad del operativo, ha motivado la detención de ocho militares, aunque estos fueron liberados luego de vencerse el periodo de flagrancia.

¿Por qué militares atacaron a jugadores de Copa Perú en Huancavelica?

El operativo militar se desarrolló en el corredor Colcabamba-Ayacucho, área considerada estratégica en el VRAEM por su historial de narcotráfico. De acuerdo con Latina Noticias, la patrulla intentó detener una camioneta ante una alerta de inteligencia, y al no acatarse la orden, los uniformados emplearon armas largas. El resultado fue cinco fallecidos y dos heridos graves.

Actas fiscales y reportes de ATV y Epicentro TV coinciden en que no se hallaron armas ni drogas en la camioneta inspeccionada tras el ataque. Los familiares de los afectados defienden que las víctimas eran agricultores y jóvenes futbolistas que retornaban de un partido de la Copa Perú, versión respaldada por allegados como uno de los parientes de William Núñez.

Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa, aseguró a Epicentro TV que los militares colocaron piedras en la vía —método común en asaltos— y ejecutaron la intervención en condiciones irregulares y con un número inusual de efectivos para un control formal.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, liderada por la fiscal Zina Romero Chávez, abrió una investigación bajo la figura de “presunto homicidio calificado” y remarcó la ausencia de armas y estupefacientes en la escena, tras una revisión formal.

Testigo cambia de versión

El testimonio de Ricardo Jampier Acuña Quispe, sobreviviente del hecho, es una de las piezas clave del proceso. Según un informe de ATV, el joven admitió en su primera declaración a fiscales haber sido contratado, junto a unas cincuenta personas, para “trasladar trece kilos de droga” y recibir un pago de 1.300 soles. Relató haber caminado durante dos días hasta abordar la camioneta intervenida.

Sin embargo, Epicentro TV difundió una segunda declaración en la que Acuña negó toda relación con el narcotráfico, argumentando que había sido coaccionado por militares armados a autoincriminarse.

“Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala”, afirmó el sobreviviente de la masacre. Sostuvo que ni él ni otras víctimas portaban drogas o armas esa noche. Su defensa asegura que la confesión fue extraída bajo amenaza y que los ocupantes eran jóvenes trabajadores y estudiantes que regresaban de un partido, contradiciendo la versión oficial.

Operativo con posibles deficiencias

El especialista Pedro Yaranga, consultado por ATV, cuestionó la legalidad del “operativo militar” en Colcabamba. Explicó que este tipo de acciones requiere la presencia obligatoria de policías antidrogas y representantes del Ministerio Público, especialmente si existe una orden de inteligencia previa.

El alcalde Tovar afirmó que la operación careció de protocolos básicos y criticó la escasa cantidad de soldados desplegados, calificándolo de inusual para controles de ese tipo. Tanto la defensa de las familias como la fiscalía han señalado la entrega incompleta y fuera de plazo de información policial, falta de pruebas balísticas y ausencia de indicios que justificaran el empleo de fuerza letal.

La inexistencia de armas o drogas en la camioneta es considerada un punto central para la investigación y refuerza la sospecha de intervención irregular. La fiscalía dispuso nuevas pericias y medidas restrictivas a los militares implicados, que deberán responder ante la justicia mientras se determina si hubo “forma dolosa” en su accionar.

Titular del Mindef sería citado al Congreso

El caso ha generado repercusiones políticas inmediatas. Según Perú21, el Congreso recibió una moción del congresista Wilson Soto Palacios para citar con urgencia al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, quien llevaba solo una semana en el cargo, a fin de que detalle lo ocurrido y informe sobre las disposiciones adoptadas.

La moción parlamentaria incorpora testimonios de familiares que ratifican la inocencia de los fallecidos y niegan cualquier nexo con el narcotráfico, subrayando denuncias de “uso presuntamente desproporcionado de la fuerza”. El Parlamento exige garantías para prevenir hechos similares e insta a una investigación profunda que asigne las responsabilidades políticas y judiciales correspondientes.