El Ministerio Público solicitó 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto en la investigación por presunta colusión agravada y omisión de funciones.
Así lo requirió el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Lima al Poder Judicial, que programó la audiencia de impedimento de salida del país para este jueves 30 de abril a las 11:00 de la mañana.
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El requerimiento para que se prohíba la salida del Perú también alcanza al exgerente de Gestión Electoral José Samamé, el exsubgerente de Producción Electoral Juan Phang y los funcionarios de la ONPE Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.
La Fiscalía solicita una medida de menor intensidad contra Corvetto y los otros implicados luego de fracasar en su intento de sea detenido preliminarmente porque no sustentó debidamente peligro de fuga u obstaculización.
Los cargos que se le imputan a Corvetto
A Piero Corvetto se le atribuyen preliminarmente dos delitos: colusión agravada y omisión de funciones.
La tesis fiscal sostiene que Corvetto emitió lineamientos especiales para contratar bienes y servicios electorales al amparo de la Ley 32513, los cuales habrían sido aprovechados por José Samamé para flexibilizar los términos de referencia y favorecer a la empresa Gálaga SAC en la buena pro.
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A eso se suma que Corvetto habría designado a Samamé como gerente de Gestión Electoral en 2023, sin que este contara presuntamente con la experiencia necesaria, dos años antes del cuestionado proceso de selección. Asimismo, el fiscal Raúl Martínez afirma que el exjefe de la ONPE concertó con Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC, aunque sin aportar elementos adicionales más allá de los lineamientos y la designación de Samamé para acreditar el supuesto pacto.
Por otro lado, se le atribuye presunta omisión de funciones por no haber garantizado que 63 mil electores pudieran votar el 12 de abril, debido a la no instalación de sus mesas de sufragio, y haber anunciado que esos ciudadanos no pagarían multa electoral alguna.
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¿Por qué se rechazó la detención preliminar contra Corvetto?
El juez Manuel Chuyo Zavaleta declaró infundado el pedido del Ministerio Público para detener de manera preliminar al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto al concluir que no se cumplía el presupuesto de peligro procesal (fuga u obstaculización).
La Fiscalía argumentó que Corvetto ya no trabajaba en la ONPE como indicio de fuga, pero el juez calificó esto como una simple afirmación. Señaló que para acreditar dicho peligro se deben analizar el arraigo en el país, el asiento familiar, los negocios, y la disposición o facilidad para abandonar el territorio, elementos que el Ministerio Público no abordó.
El fiscal también sostuvo que la renuncia de Corvetto no significaba que hubiera perdido influencia sobre otros funcionarios de la institución, y que su negativa a entregar el celular era una señal de alerta. El juez respondió que precisamente su salida del cargo es un dato objetivo que impide que interfiera en la recopilación de información, y que la negativa a entregar el teléfono no justifica la detención porque para eso existe la figura de la incautación.
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Por último, el Ministerio Público pidió la detención esperando que del allanamiento surgieran nuevos actos de investigación, lo que el juez rechazó de plano. Precisó que la privación de libertad solo procede cuando hay diligencias urgentes e inaplazables que requieren la presencia del investigado, y que no es válido detener a una persona para asegurar actos de investigación futuros o aún desconocidos.
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