La guerra entre Rusia y Ucrania dejó a decenas de familias peruanas en incertidumbre. Se reportó que al menos 73 ciudadanos peruanos permanecen desaparecidos y ocho han fallecido tras ser reclutados por una red de trata de personas que opera desde Perú y otros países de la región.
El abogado Marcelo Tataje, representante de los familiares, expuso que los afectados fueron contactados con promesas de empleos bien remunerados, pagos iniciales de hasta 20.000 dólares y sueldos mensuales entre 3.000 y 4.000 dólares.
El grupo reclutado, compuesto por hombres y mujeres de 18 a 65 años, incluso familias enteras, fue persuadido mediante anuncios en redes sociales y contactos directos. Los relatos recogidos indican que los peruanos salieron del país convencidos de que realizarían trabajos similares a los que desempeñaban en Lima, sin imaginar el destino que les esperaba.
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Muchos ingresaron a Rusia de manera irregular, cruzando fronteras a través de Turquía y otras rutas, lo que dificultó su rastreo posterior.
Una vez en territorio ruso, la situación cambió. Los pasaportes fueron retenidos y los connacionales enviados directamente al frente de guerra o a campos de entrenamiento, sin contar con experiencia militar ni licencias para portar armas.
Algunos lograron comunicarse con sus familias o con abogados, informando sobre las condiciones precarias y los riesgos a los que estaban expuestos. Otros no han dado señales desde su llegada, alimentando la angustia de sus allegados.
De acuerdo con las denuncias, la red estaría conformada por ciudadanos peruanos, colombianos y panameños, quienes actuaban como intermediarios y facilitadores logísticos. Las víctimas describen que, al llegar, todo vínculo se cortaba y eran forzados a participar en actividades militares.
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Ocho peruanos lograron refugiarse en la Embajada del Perú en Moscú, donde esperan salvoconductos para salir del país. La información sobre el destino de los desaparecidos se ha obtenido por mensajes enviados desde la zona de conflicto y no por reportes oficiales.
Reacción estatal
El caso trascendió a nivel nacional y motivó una respuesta oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú convocó al encargado de negocios de la Embajada rusa en Lima para exigir información sobre los peruanos reclutados y desaparecidos.
Se entregó una lista con los nombres de los ciudadanos afectados, solicitando a las autoridades rusas detalles sobre su ubicación y estado de salud.
La Cancillería recordó que, según la Constitución, todo peruano que desee prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras debe solicitar autorización previa, algo que no ocurrió en estos casos.
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En paralelo, la Cancillería articuló acciones con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, conformando un Grupo de Trabajo ad hoc encargado de dar seguimiento a la situación.
Este equipo tiene el mandato de investigar posibles delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, además de coordinar medidas de prevención y protección para evitar que más ciudadanos sean víctimas de estos esquemas.
El comunicado oficial también desmintió rumores de que ciudadanos peruanos habrían sido retirados de la Embajada en Moscú y reafirmó la disponibilidad permanente de atención consular. Se difundieron números de emergencia y direcciones de correo para que las familias puedan comunicarse y recibir asistencia.
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Además, se anunció una campaña multisectorial para alertar a la población sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales en zonas de conflicto y el peligro de ser reclutado bajo engaños.
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