
La cuenca del río Yuracyacu, en la región Junín, enfrenta un episodio de impacto ambiental que compromete tanto el equilibrio ecológico como la actividad económica local. En esta zona, ubicada en el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, se reportó la mortandad de más de 2.5 millones de truchas, hecho que afecta de forma directa a familias dedicadas a la piscicultura.
El evento generó la intervención de distintas entidades públicas, que activaron acciones técnicas y operativas para identificar las causas y contener los efectos de la contaminación. Las labores se desarrollan en varios puntos de la cuenca, con énfasis en sectores donde la actividad acuícola constituye el principal sustento económico.
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En este contexto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ejecuta evaluaciones específicas sobre la calidad del recurso hídrico, mientras el Gobierno Regional de Junín coordina medidas de respuesta frente a la emergencia.
Monitoreo técnico en el río Yuracyacu

La Autoridad Nacional del Agua informó que realiza vigilancia y evaluación técnica en la zona afectada. Según la entidad, estas acciones incluyen el monitoreo y la toma de muestras de agua superficial en el río Yuracyacu, dentro de la Comunidad Campesina de Cabracancha.
A través de la Administración Local de Agua Mantaro, especialistas en calidad de recursos hídricos desarrollan trabajo de campo en distintos tramos del río. La evaluación considera recorridos tanto aguas arriba como aguas abajo, además de zonas vinculadas a piscigranjas impactadas.
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La ANA precisó que estas labores buscan recopilar información técnica para el análisis de la situación. “Con el propósito de recoger información técnica que contribuya al análisis de la situación”, indicó la entidad en su comunicación oficial.
Las acciones de campo se ejecutan con participación de autoridades comunales de Cabracancha y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín. Este esquema de coordinación apunta a reforzar el seguimiento del caso desde un enfoque técnico y legal.
Las muestras recolectadas durante el monitoreo se envían a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). En ese espacio se analizan parámetros físicos y químicos que permiten determinar la calidad del agua.
La ANA señaló que los resultados servirán como sustento para las acciones dentro de sus competencias. Además, se prevé que la información obtenida se comunique a las autoridades correspondientes y a la población local.
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Impacto económico en piscicultores

El reporte de la mortandad de truchas alcanza a zonas como San Balbín, Paltarumi, Cabracancha y Antarpa. En estos sectores, la piscicultura representa una actividad clave para el ingreso familiar.
La pérdida de millones de ejemplares genera consecuencias inmediatas en la economía local. Productores enfrentan la interrupción de sus ciclos productivos y la reducción de ingresos, lo que incrementa la necesidad de medidas de apoyo.
Ante este escenario, el Gobierno Regional de Junín inició la recopilación de información junto a los piscicultores con el objetivo de diseñar estrategias de repoblamiento de especies y gestionar mecanismos de asistencia económica.
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El Gobierno Regional desplegó un equipo técnico especializado para evaluar daños y ejecutar acciones de mitigación ambiental. Estas intervenciones buscan contener la contaminación y evitar su expansión hacia otros puntos de la cuenca.
Como parte del plan de contingencia, se realizan tomas de muestras de agua para análisis de laboratorio y se implementan medidas de control en áreas críticas. En el sector Agua Blanca, la Dirección Regional de Producción mantiene vigilancia permanente.
En esa zona se instalaron barreras de control y se aplican protocolos de limpieza orientados a frenar el avance de los agentes contaminantes.
Medidas legales y seguimiento del caso
Las autoridades regionales anunciaron el inicio de acciones legales contra los responsables del evento ambiental. Según la información oficial, una vez que se confirme el origen de la contaminación, se aplicarán sanciones administrativas y penales.
El proceso incluye la coordinación con instancias especializadas para asegurar que las investigaciones cuenten con sustento técnico. En paralelo, la Autoridad Nacional del Agua indicó que sus acciones forman parte de sus funciones permanentes en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento.
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La entidad también señaló que los resultados del monitoreo se pondrán en conocimiento de la comunidad y de las autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer la vigilancia de los recursos hídricos en el territorio.
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