El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó su más reciente sondeo sobre las percepciones de los principales especialistas del país frente a las propuestas de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral.
El resultado es contundente: un 90% de los economistas consultados considera desfavorables o muy desfavorables las ideas de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú en materia fiscal, inversión privada, empleo formal y seguridad ciudadana. Sin embargo, la preocupación no se limita a un solo candidato.
El análisis también arroja que 6 de cada 10 economistas desconfía de la efectividad del plan anticorrupción de Keiko Fujimori, principal contendora en el balotaje.
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El informe original analizaba también a Rafael López Aliaga, pero tras la decisión del JNE de descartar elecciones complementarias, Sánchez quedó prácticamente asegurado en segunda vuelta, con casi 30 mil votos más.
¿Por qué generan tanta desconfianza las propuestas de Sánchez?
Los economistas consultados coinciden en que el plan de gobierno de Juntos por el Perú introduce cambios considerados riesgosos para la estabilidad macroeconómica.
Entre las propuestas más cuestionadas están el cuestionamiento a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), la posible convocatoria a una asamblea constituyente, el impulso de una mayor actividad empresarial del Estado y la intención de modificar el trato igualitario entre inversiones nacionales y extranjeras.
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Además, se advierte la intención de aumentar la carga tributaria al sector minero y reducir los plazos sobre concesiones, acciones que, según los especialistas, podrían espantar la inversión y frenar el crecimiento.
El empleo formal, inversión privada y seguridad: puntos críticos
El 92% de los economistas ve desfavorables las medidas de Sánchez para promover la inversión privada, y un 89% se muestra escéptico sobre su capacidad para generar empleo formal.
La percepción negativa se explica porque las propuestas analizadas van en sentido contrario a la experiencia internacional y a los consensos técnicos sobre lo que incentiva la creación de empleo y el crecimiento económico sostenible.
Sobre seguridad ciudadana y control de economías ilegales, el panorama se repite: el 92% de los especialistas desaprueba las propuestas de Juntos por el Perú, señalando que no ofrecen un enfoque claro ni medidas concretas para enfrentar el avance de la criminalidad y las mafias ligadas a economías ilícitas.
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Keiko Fujimori tampoco convence del todo
Aunque Keiko Fujimori recibe mucho menos rechazo en términos económicos, su plan anticorrupción genera suspicacias. El 56% de los economistas consultados cree que la candidata de Fuerza Popular debe precisar mucho más cómo enfrentará la corrupción en un eventual gobierno.
Además, el 68% considera que tiene que detallar mejor sus estrategias de seguridad ciudadana y lucha contra las economías ilegales, áreas donde existe una demanda social urgente de resultados.
El sondeo del IPE muestra que, de cara a la segunda vuelta, la ciudadanía y los mercados esperan mayor claridad y detalle en las propuestas de ambos candidatos.
A Fujimori se le exige profundidad en su lucha contra la corrupción y transparencia en materia de seguridad, mientras que a Sánchez se le pide que aclare sus posiciones respecto a la autonomía del Banco Central y la convocatoria a una asamblea constituyente, puntos que generan incertidumbre entre los analistas.
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¿Qué piden los economistas para el próximo gobierno?
El contexto electoral contribuye a la volatilidad económica. Según el IPE, el 55% de los economistas identifica a la incertidumbre electoral como el principal riesgo para la economía en el corto plazo, un fenómeno que ya se refleja en la depreciación del sol y la cautela en las inversiones. La inestabilidad política y los temores sobre posibles vacancias presidenciales también alimentan la preocupación respecto al rumbo económico del país.
De cara a una posible delegación de facultades legislativas, los especialistas consultados coinciden en que el próximo gobierno debería priorizar la seguridad ciudadana y la lucha contra las economías ilegales. En segundo lugar, sugieren enfocarse en la simplificación administrativa y el destrabe de proyectos de inversión, acciones que podrían ayudar a recuperar la confianza y el clima de negocios.
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