Crisis de desaparecidas en Perú: El 58% de las víctimas son mujeres y la mayoría son menores de edad

En el Perú, las desapariciones son una herida abierta que sangra con mayor fuerza en el rostro de las poblaciones más vulnerables. Según el último informe presentado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional Perú, el panorama es desolador: entre enero de 2023 y mayo de 2025, se han registrado más de 45 mil denuncias por desaparición en todo el territorio nacional. De este universo alarmante, el 58% de las víctimas son mujeres, lo que confirma que el género es un factor determinante en la exposición al riesgo y la violencia en el país.

Lo más preocupante de esta radiografía social es el rango de edad de quienes no regresan a casa. El estudio revela que las adolescentes de entre 12 y 17 años representan el grupo poblacional más afectado, conformando casi la mitad de los casos femeninos reportados.

Esta tragedia se ve agravada por una estadística de impunidad y desesperanza: solo el 52% de las personas reportadas como desaparecidas logran ser ubicadas. Esto significa que casi la mitad de las familias peruanas que inician un proceso de búsqueda se quedan atrapadas en un laberinto de incertidumbre, enfrentando un sistema que parece fallarles en el momento de mayor urgencia.

Ineficiencia en el gasto público: Más presupuesto pero menos operativos de búsqueda

A pesar de que el presupuesto general de la República experimentó un crecimiento del 17,2% en los últimos años, este incremento financiero no se ha reflejado en una mayor capacidad de respuesta por parte de las autoridades. El informe titulado “Análisis de Presupuestos Públicos destinados a la búsqueda de Mujeres Desaparecidas” pone al descubierto una paradoja institucional: mientras que los recursos destinados al personal en programas contra la violencia aumentaron significativamente, el presupuesto para bienes y servicios operativos sufrió un recorte drástico del 81%.

¿Qué significa esto en la práctica? La falta de inversión en bienes y servicios se traduce en patrulleros sin gasolina, falta de tecnología para la geolocalización de celulares, carencia de kits forenses y una logística deficiente para que la policía y la fiscalía realicen operativos de campo.

Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, cuestionó duramente esta gestión, señalando que mientras el país gasta en adquisiciones de alto costo, como aviones, las unidades especializadas en la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas se quedan sin las herramientas básicas para operar. La brecha entre el dinero asignado y el dinero ejecutado demuestra una incapacidad técnica que deja a las víctimas en total desamparo.

Desafíos del Estado y la urgencia de un clasificador presupuestal específico

La problemática no solo es económica, sino también estructural. Actualmente, el Perú carece de un clasificador presupuestal específico para la desaparición de personas. Esta deficiencia técnica provoca que el dinero destinado a esta causa se “diluya” en diversas categorías administrativas, lo que vuelve casi imposible fiscalizar cuánto se invierte realmente en encontrar a una mujer o un menor de edad.

Sin una transparencia real en las cuentas públicas, la operatividad estatal sigue siendo lenta y reactiva, muchas veces condicionada por prejuicios machistas de los agentes que reciben las denuncias, quienes suelen minimizar los casos bajo la premisa de que la víctima “se fue por voluntad propia”.

En medio de este panorama, también se advierte sobre el impacto social de la ineficiencia institucional. La falta de resultados concretos genera desconfianza en las familias, lo que en algunos casos deriva en la no denuncia de desapariciones. Este subregistro, según el informe, podría estar ocultando una dimensión aún mayor del problema.

Frente a ello, las organizaciones impulsoras del estudio han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y mejorar la transparencia en el uso del presupuesto. Además, han relanzado la campaña “Búscalas”, que incluye herramientas como una guía de acción inmediata y protocolos para actuar en las primeras horas tras una desaparición, consideradas clave para aumentar las probabilidades de encontrar a la persona con vida.